La justicia rosarina dictó la prisión preventiva por “homicidio calificado” para uno de los 18 policías detenidos por la muerte de dos hombres ocurrida en junio pasado tras una persecución y tiroteo, mientras que los restantes 17 seguirán presos pero por “encubrimiento”.
Fuentes judiciales informaron que la medida es por un plazo de 60 días para todos y que la imputación más grave recayó sobre el Alejandro Rubén Bustos, del Comando Radio Eléctrico (CRE) de la Unidad Regional II de Rosario.
En la audiencia imputativa realizada ayer en los tribunales de esa ciudad santafesina, el juez de Primera Instancia, Carlos Leiva, validó la acusación del fiscal Adrián Spelta, quien le atribuyó al Bustos el delito de “homicidio calificado por abuso de función o cargo en concurso real con falsedad ideológica” en perjuicio de Alejandro Medina (32) y David Campos (28).
De esta manera, el magistrado consideró que “no hubo enfrentamiento” armado entre el policía y las dos víctimas.
Según las fuentes, el juez Leiva también dictó la prisión preventiva por “encubrimiento doblemente agravado por la gravedad del delito que encubre -homicidio- y por su carácter de funcionario público, en concurso real con falsedad ideológica en carácter de autores”, a los otros 17 agentes del CRE y de la Policía de Acción Táctica (PAT) detenidos desde ayer.
Se trata de Fernando Varela (CRE), Paola Cano (CRE), Alejandro Bolanios (PAT), Marcelo Escalante, Leonel Mendoza (PAT), Roxana Ramírez (PAT), Jesica Lezcano (PAT), María de los Ángeles Ramírez (CRE), Walter Ocampo (CRE), Claudio Canclini (PAT), Leandro Cardozo (PAT), Aldo Benítez (PAT), Alexis Tanneur (PAT), Germán Mareco (CRE), Daniela Abrham (CRE), Hugo Baroni (CRE) y Ricardo Almada CRE).
Los voceros detallaron que la prisión preventiva es efectiva en todos los casos excepto en el de las cinco mujeres, quienes fueron beneficiadas con arresto domiciliario ya que una de las agentes está embarazada, otra amamantando y las otras tres tienen hijos menores a 5 años.
El hecho investigado ocurrió el 23 de junio último cuando el personal del CRE realizaba un operativo de control en las calles Gandolfi y Gutiérrez, en el sur rosarino.
De acuerdo a la versión policial, un Volkswagen Up gris que circulaba con dos ocupantes eludió el control y fue perseguido por los efectivos del Comando Radioeléctrico, a quienes luego se sumaron otros de la División Motorizada y de la PAT.
La persecución terminó en Callao y Cazadores, en la zona sudoeste de la ciudad, cuando el conductor del Volskwagen perdió el control e impactó contra un árbol, lo que provocó la muerte de Medina y Campos.
Ese mismo día, el fiscal Spelta aseguró a la prensa que en el auto se hallaron dos armas de fuego y que sus ocupantes presentaban varios impactos de bala.
En ese sentido, Germán, un hermano del fallecido Campos, dijo que “está probado que no hubo tal control policial y que la policía quiso cazar a los muchachos que iban con los vidrios levantados escuchando música”.
“Las armas fueron plantadas, tuvieron una hora para armar la escena y plantar todo lo que quisieron plantar porque el fiscal -por Spelta- llegó una hora más tarde”, indicó.
Según el hermano de la víctima, Medina presentaba “catorce disparos sobre el cuerpo” y Campos “cinco”, por lo que consideró que se trató de “un fusilamiento, una cacería”.
En tanto, los peritos del Gabinete Científico de Rosario de la Policía Federal Argentina (PFA) analizaron 21 pistolas, 8 escopetas y 2 revólveres, y determinaron que todas las armas eran aptas para producir disparos.
De acuerdo a los voceros policiales, los peritos establecieron también que dos de las vainas servidas calibre 32 largo analizadas no fueron percutadas por uno de los revólveres incautados en la escena del crimen.
A su vez, los expertos detectaron 10 impactos de bala compatibles con el calibre de las armas secuestradas en el Volkswagen Up.
