Piden embargo por medio millón de pesos para un ex fiscal acusado por trata de personas

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La fiscalía que investiga a una red de trata de personas que presuntamente contaba con la protección de un ex fiscal federal de Paso de los Libres, pidió que el ex funcionario judicial sea procesado y que se le trabe un embargo por medio millón de pesos.

La causa, que se inició a partir de una denuncia anónima registrada en la Línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, está siendo investigada por la fiscal Mirian Benítez, junto con Carlos Schaefer, y Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, estos últimos a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.

Benito Pont está acusado de formar parte de una “asociación ilícita con fines de explotación sexual” junto a otras 17 personas. Para ellos los fiscales pidieron que se les trabe un embargo de 500 mil pesos a cado uno y que se lleve a cabo el decomiso de sus bienes de los acusados para la reparación de todas las víctimas de esta causa.

Para los investigadores estaría acreditado que el ex fiscal “forma parte de una organización criminal destinada a la captación, traslado, acogimiento y explotación sexual de mujeres en los locales denominados “Roxi” o “Puro Movimiento” y “Hotel Momentos” (ubicados en la Ruta 117, km. 8.5 y 7.5, respectivamente, de la localidad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes)”.

De acuerdo al pedido de procesamiento, al que accedió Online-911,  Pont “prestó una colaboración en la trata y explotación de al menos doce mujeres identificadas en la causa, desde una fecha incierta, aunque puede afirmarse que de manera ininterrumpida y en las mismas condiciones al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero del año 2016 en el caso de “Roxi” y el “Hotel Momentos”.

Los fiscales destacaron que “debe reprochársele no haberse excusado de intervenir en al menos cinco expedientes” y “imputársele haberse excusado mediante un dictamen carente de la fundamentación exigida por la normativa vigente”.

Además, entendieron retardó “deliberadamente las investigaciones bajo su instrucción que tuvieron por objeto los prostíbulos explotados por esta organización criminal pese a las pruebas que apremiaban la adopción de medidas de corte jurisdiccional urgentes, por haber investigado deficientemente para así eludir que fuera develara la identidad de los responsables de mayor jerarquía de los locales y por haberse declarado incompetente por sí o consentir la incompetencia postulada por fiscales sustitutos por él designados en al menos tres procesos –la investigación por lavado de dinero, y las 675/13 y 3008/04”.

Para los fiscales el propósito del ex fiscal era asegurar la impunidad de todos los integrantes de la organización criminal, especialmente, la de Ricardo Aguirre, socio y amigo de Pont, y José María Viero, su cuñado y ex comandante mayor de Gendarmería Nacional.  

Entre las pruebas reunidas, figuran escuchas telefónicas que demuestran los contactos que tenía la organización con miembros de la justicia y hasta una amenaza del ex fiscal a miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por avanzar en la investigación contra su socio y amigo. 

La investigación que derivó en la renuncia de Pont se inició el 21 de octubre de 2015, a partir de un llamado anónimo recibido a la línea 145 que daba cuenta de la existencia de un prostíbulo denominado “Roxi”, ubicado en la Ruta Provincial 117, tras la estación de servicio “Rhasa”, en la localidad de Paso de los Libres.

La denunciante indicó que allí había menores de aproximadamente quince años de nacionalidad paraguaya, sobre las que dijo que “vienen un tiempo y se van”. 

La mujer explicó que si bien hubo allanamientos en el lugar, antes de que éstos se efectúen, se les informa a los responsables del prostíbulo sobre cuándo se llevarán a cabo, por lo que tendrían tiempo de “sacar a las menores de edad”.

Además, agregó que la regente del prostíbulo era una mujer llamada “Roxana”, que tendría varias propiedades en las que alojaba a las menores, y mencionó que habría connivencia con la fiscalía de Paso de los Libres, a cargo del fiscal Benito Pont.