Advierten irregularidades en la causa que investiga las coimas en la Policía Federal

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Los camaristas que revocaron la prisión de Guillermo Calviño, el ex jefe de seguridad de la Policía Federal imputado en la causa que investiga el cobro de coimas a “trapitos” y comerciantes de los barrios porteños de Núñez y Saavedra, advirtieron serias fallas en la instrucción. Entre otras cosas, remarcaron que no se les tomó testimonio a los más de treinta damnificados y que faltan pruebas claves, como los entrecruzamientos de llamadas.

En la resolución que benefició a Calviño, y a la que tuvo acceso Online-911, los jueces que integran la Sala de Feria B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, destacan que “inexplicablemente aún no se ha recibido declaración a los propietarios o responsables de los más de treinta locales supuestamente afectados”.

Además, señalan que no se ha urgido “el estudio de las pericias dispuestas en relación a las computadoras incautadas o relevado el resultado del análisis de entrecruzamientos de llamados telefónicos, que particularmente en el caso analizado, permitiría verificar o desechar la existencia de llamadas entre Calviño y Villarreal sospechosas de una relación distinta a la estrictamente funcional”.

El dictamen, que lleva la firma de los jueces Mariano Scotto, Julio Lucini y Rodolfo Poociello Argerich, advierten que “estas medidas podrían eventualmente robustecer la denuncia. Pero su ausencia evita comprender cómo Calviño podría haber decidido junto a los demás imputados en la causa formar una asociación criminal y asumir su jefatura –con Aveni y Potocar, que integraban la línea de mando- para cometer un número indeterminado de delitos”.

Pese a estar imputado como presunto organizador de una asociación ilícita, Calviño fue excarcelado este viernes. Algo similar podría suceder con los otros dos jefes procesados en el marco de la misma investigación: José Pedro Potocar, ex jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y la ex comisario inspector Susana Aveni, quien al momento de ser detenida se desempeñaba en el área de Narcocriminalidad de la fuerza creada por Horacio Rodríguez Larreta.

En cuanto a un cuaderno secuestrado en la comisaría 35a., que supuestamente hacía referencia a las coimas e incluía a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (SSM), consideraron que “si bien tiene alto valor indiciario, no resulta concluyente a la hora de decidir un auto de procesamiento con prisión preventiva por la figura escogida”.

Para el juez Ricardo Farías y el fiscal José María Campagnoli, Calviño, Potocar, Aveni y el ex titular de la comisaría 35a. Norberto Villareal, único prófugo que tiene esta causa, eran los jefes de la asociación ilícita, en ese orden.

De acuerdo a las imputaciones, también integraban tal asociación los ex subcomisarios Hernán Antonio Kovacevich, Marcelo Stefanetti y Alberto José Codaro -procesados pero excarcelados por haber “colaborado” con el expediente- y los subordinados Alejandro Daniel Malfetano, Adrián Paul Otero, Sergio Gabriel Ríos y Alberto Quiroga Marciano -con prisión preventiva confirmada-.

La causa se inició a raíz de una denuncia anónima recibida el año pasado en el ministerio de Seguridad de la Nación, que alertaba sobre el presunto cobro de coimas por parte de efectivos de la seccional 35a. a partir de la llegada de Villareal en enero de 2016.

Luego, se allanaron la comisaría y los comercios afectados, donde se hallaron comprobantes de aportes a la “Asociación Amigos de la Comisaría 35”, que habría sido una de las formas de canalizar las coimas.