El viudo Fernado Farré comenzará mañana a ser juzgado por el femicidio de su esposa, Claudia Schaefer, cometido hace dos años, cuando la degolló y le aplicó 74 puñaladas en una casa del country Martindale de Pilar, en un juicio por jurados en el que se deberá definir si será condenado a prisión perpetua, si actuó bajo un estado de emoción violenta o si es inimputable.
El juicio se iniciará a las 9, en la sala del entrepiso de los tribunales de San Isidro, ubicado en la calle Ituzaingó 340, en dicha localidad del norte del conurbano bonaerense.
El debate estará a cargo de un único magistrado, el juez Esteban Andrejin, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Isidro, y la acusación estará en manos de dos fiscales especializadas en violencia de género, Carolina Carballido Calatayud y Laura Zyseskind, titulares de las fiscalías de esa temática de Pilar y San Isidro respectivamente.
Carballido Calatayud, es la fiscal que encarceló a Farré y realizó la instrucción de la causa, mientras que Zyseskind es recordada como una de las fiscales que en 2011 logró condenar por el encubrimiento del crimen de María Marta García Belsunce a tres familiares, un vecino y un médico.
La defensa de Farré estará encabezada por el abogado Adrián Tenca y por su colega María Inés Bergamini Urquiza.
La familia Schaefer, como particular damnificada, estará representada por el abogado Jorge Sandro.
Farré (54), ex gerente de la empresa multinacional de cosméticos Coty, llega al debate detenido con prisión preventiva en la Unidad 46 de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Fuentes judiciales explicaron a Télam que la audiencia de mañana se centrará en elegir entre 48 candidatos que ya fueron sorteados, a los 12 jurados titulares y los seis suplentes que deberán asistir al debate que, de acuerdo a las previsiones, se realizará en cinco jornadas, de lunes a viernes, entre las 9 y las 18.
En total habrá 54 testigos y lo que ya está acordado entre las partes y se les explicará a los jurados es que la materialidad del hecho y la autoría de Farré no está en discusión, por lo que la clave del juicio estará centrada en determinar el estado de salud mental del viudo al momento de cometer el crimen.
Al elevar la causa a juicio oral, la fiscal Carballido imputó a Farré el delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género”, calificación que el Código Penal castiga con prisión perpetua.
En su requerimiento, Carballido afirmó que el crimen de Schaefer fue un femicidio “de manual” en el marco de “una historia de violencia, celos, ira, revancha y egoísmo” en la que Farré “planeó” lo que definió como un “brutal ataque”.
La defensa, en cambio, planteará dos alternativas: que Farré es inimputable porque al momento del hecho no comprendió la criminalidad de sus actos o que actuó bajo un estado de emoción violenta, figura penal que en vez de prisión perpetua contempla una pena atenuada de entre 10 y 25 años en un caso del homicidio agravado como éste.
La particularidad del juicio por jurados es que para que el acusado sea condenado a prisión perpetua, el bloque acusador de fiscalía y querella se verá obligado a lograr la unanimidad de los 12 jurados que voten, quienes deben estar convencidos de que Farré actuó con pleno uso de sus facultades mentales.
Para lograr la condena atenuada por un estado de emoción violenta, alcanzará con que 10 de los 12 jurados estén de acuerdo con esa postura.
En caso de que haya una disidencia de tres o más jurados y que luego de tres votaciones no se llegue a un acuerdo, el jurado se declarará “estancado”, el juicio quedará anulado y se ordenará realizar otro debate con un nuevo jurado.
Por eso, para evitar la pena de prisión perpetua, a Farré le alcanzará con que uno solo de los jurados no esté de acuerdo, aunque para lograr su máxima pretensión, es decir, un veredicto de “no culpabilidad por inimputabilidad”, necesitará una mayoría de 10 votos.
El hecho que se ventilará en el debate ocurrió el 21 de agosto de 2015, cuando Schaefer (44) fue junto a su abogado a la casa de fin de semana que el matrimonio alquilaba en el country Martindale para retirar sus pertenencias, en el marco de un conflictivo divorcio que ya incluía una denuncia de la víctima en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia y una exclusión de hogar del imputado del domicilio que compartían en el barrio porteño de Recoleta.
