Dos comisarios de la Policía Federal fueron procesados por enriquecimiento ilícito por el juez de instrucción porteño Hernán López. La causa fue iniciada en 2013 por la presunta exigencia de pagos a comerciantes del barrio de Balvanera a cambio de protección policial. En la investigación, quedó involucrada la por entonces cúpula de la comisaría 7ª, y el magistrado consideró ahora que los comisarios, Claudio Lucione y Osvaldo Tapia, no pudieron justificar sus patrimonios.
Lucione está retirado y actualmente es asesor del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Antes, el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, lo había contratado como gerente de seguridad del club, cargo que ocupó desde 2013 hasta febrero pasado, según su perfil en la red LinkedIn. Fuentes policiales informaron que Tapia sigue en actividad como comisario inspector.
En agosto de 2008, el comisario Lucione compró una casa en Cariló, en Pinamar, por la que, según sus declaraciones juradas, pagó $ 219.000. Su colega Tapia, en 2010, adquirió después de recibir una herencia una embarcación, un departamento de 55 metros cuadrados y un automóvil Peugeot 207 0KM. En las últimas horas, después de una profusa y paciente investigación y del análisis de peritajes contables, el juez de instrucción porteño López procesó a ambos por el delito de enriquecimiento ilícito. Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.
Se trata de una investigación que comenzó en 2013 después de una presentación hecha por la entonces secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Cristina Caamaño.
“Puntualmente, en lo que respecta a Lucione y Tapia se encuentra acreditado un aumento del patrimonio el cual no se compadece con las declaraciones juradas formuladas por éstos, siendo además que las explicaciones por ellos vertidas no resultan satisfactorias ante las conclusiones del informe pericial”, afirmó el juez López en su resolución firmada el viernes pasado.
En diálogo con LA NACION, el secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, indicó Lucioni sería desvinculado del ministerio porteño, donde colabora en el Comité de fútbol y en el programa Eduquemos con el fútbol. “Sabíamos que había una investigación que lo involucraba pero hasta ese momento no había nada que ameritara hacer un juicio sobre él; si ahora queda procesado le doy de baja de manera inmediata”, dijo.
El juez López, por su parte, también procesó a los jefes policiales por el delito de concusión, tipificado para un funcionario que hace uso de su cargo para hacer pagar a una persona una contribución que no le corresponde. Según la investigación judicial, las víctimas del presunto accionar policial fueron comerciantes y vendedores ambulantes de la zona de Once, donde tiene jurisdicción la comisaría 7ª. y donde se desempeñaban los acusados.
López también ordenó trabar un embargo sobre los bienes de Tapia y Lucione hasta cubrir la suma de $ 1.000.000. Ambos están con libertad ambulatoria. Por el delito de concusión también fue procesado el uniformado Pablo Aksiuk, que en el momento de los hechos investigados era integrante de la brigada de la comisaría 7ª.
Según la denuncia original, además de recibir dinero a cambio de brindarles seguridad a los locales, los jefes policiales denunciados están sospechados de dar protección a cambio de dinero a prostíbulos y “quioscos de droga”. Según consta en la denuncia que originó la investigación judicial, los comerciantes pagaban entre $ 1500 y $ 7000 por mes.
En cambio, el juez de la causa sobreseyó a los jefes policiales Luis Poggi y Elio Tobares, que estaban imputados de los mismos delitos por los que fueron procesados Tapia y Lucione.
En el expediente se incorporaron las declaraciones de dos testigos de identidad reservada. Uno era un uniformado que se desempeñaba en la comisaría 7ª. El otro es un comerciante que se dedicaba al rubro de la telefonía celular, que, además de afirmar que tuvo que entregar dinero a personal policial a cambio de que no le secuestraran mercadería, dio detalles de la operatoria de recaudación ilegal.
En una ampliación de su declaración indagatoria, Lucione explicó que su casa de Cariló no es ninguna mansión, que se trata de un terreno de 1100 metros cuadrados. “El inmueble lo compré en una oportunidad increíble, en un momento en que el país estaba mal y el anterior dueño necesitaba el dinero”, dijo.
El ex gerente de Seguridad de Boca Juniors sostuvo que en sus declaraciones juradas no se incluyó los viáticos por los viajes al exterior o el interior del país. “Viajé por todo el mundo haciendo custodia de distintas personas. Como éramos austeros nos volvíamos con viáticos. Se hacia una diferencia haciendo esos viajes.”
Además del inmueble en Pinamar, Lucione tiene como patrimonio una casa en la ciudad de Buenos Aires de 160 metros cuadrados, valuada en 100.000 dólares; un vehículo marca Chery modelo Tiggo, un automóvil marca Santana modelo Samurai, un Susuki Fun a nombre de su hijo, 50.000 dólares y $ 202.000.
Tapia explicó que la embarcación la compró a medias con su hermano después de la venta de departamentos y locales comerciales cuando su madre sufría una enfermedad terminal. El jefe policial admitió que sus declaraciones juradas “eran desprolijas”.
Para López, “los dichos de Tapia impresionan como un mero justificativo y no reflejan lo ocurrido. No resulta viable en boca de un funcionario justificar su irregular situación a partir de presuntas desprolijidades en el manejo de declaraciones juradas”.
La abogada de Lucione y Tapia, Valeria Corbacho, adelante a LA NACION que apelará la resolución del juez. “Nos sorprende la decisión del magistrado, sobre todo cuando está claro que demostraron con prueba objetiva que sus bienes se encuentran absolutamente justificados”.
