Andrés Tófalo llegó desde Martínez hasta la cochera situada en México 1437, en el barrio de Monserrat, a pasos de la Asociación Argentina de Coleccionistas de Armas y Municiones (Aacam), para encontrarse con Oreste Núñez. Faltaban pocos minutos para las 19 del último día hábil de septiembre e iban a cerrar una negociación: la venta de 11 armas, entre ellas, un Fusil Automático Pesado (FAP), dos ametralladoras, una carabina, una pistola Beretta calibre 9 mm. y una Browning belga.
La operación había sido cerrada en 50.000 pesos. Pero se cayó a último momento, cuando detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) la abortaron ante la sospecha de que la mayor parte del armamento podía terminar en manos de una organización narcocriminal que opera en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. Los dos hombres quedaron detenidos.
Núñez, que tiene 57 años y hasta su detención vivía en un departamento de Villa Lugano, es legítimo usuario de armas desde los 21 y fue coleccionista. Según explicaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales, se sospecha de que era un habitual proveedor de “fierros” para las bandas criminales más violentas.
La semana pasada, el juez federal Sergio Torres, que junto con el fiscal Carlos Rívolo está a cargo de la investigación, procesó a Tófalo, a Núñez y a otros tres sospechosos, identificados por fuentes judiciales como Sebastián Herrada, Juan Carlos Aedo Tapia y Diego Olmedo Brizuela.
Después de las detenciones de esos sospechosos se hicieron allanamientos en sus domicilios. En ellos los detectives policiales secuestraron otras 73 armas, entre ellas, revólveres, pistolas, fusiles Mauser, rifles, escopetas, ametralladoras, silenciadores e incluso una granada.
Gracias a una escucha
La investigación que llevó al juez Torres, al fiscal Rívolo y a los detectives de la División Operaciones Antidrogas Urbanas de la PFA hasta los acusados comenzó el 15 de julio pasado por una escucha telefónica en una causa por comercio de estupefacientes en la villa 1-11-14, del Bajo Flores. Al sospechoso de ese caso de drogas, identificado como Luis A, su interlocutor, conocido hasta ese momento como “Seba”, le espetó: “Tengo seis metras a 35 [serían 35.000 pesos] cada una. Están buenas y vienen con dos cargadores cada una”.
Como Luis A. respondió que “35” le parecía caro, Seba le explicó: “¿Cómo va a ser caro si están nuevas? Estas son con dos cargadores a ráfaga y semiautomáticas, tiro a tiro”.
Torres ordenó entonces la intervención de la línea telefónica utilizada por “Seba”, que poco tiempo después fue identificado como Sebastián Herrada. “Se comenzaron a detectar una gran cantidad de conversaciones que resultaban compatibles con el comercio de objetos que, por el tenor de los términos implementados, podían tratarse de armas de fuego. En numerosas llamadas, amén del uso de palabras o términos que servían para disimular el contenido de las conversaciones, tanto Herrada como sus interlocutores evitaban hablar telefónicamente y acordaban distintos puntos de encuentro donde podrían haberse llegado a materializar las operaciones ilícitas pautadas previamente por esa vía”, sostuvo Torres.
Según surge de la resolución del juez, las intervenciones telefónicas permitieron establecer que Herrada se dedicaba con frecuencia al tráfico de armas de todo tipo y calibre. El acusado no tenía ningún tipo de autorización y, siempre según la investigación, contaba con la colaboración indispensable de Aedo Tapia.
Ambos fueron detenidos a metros del garaje donde Tófalo y Núñez estuvieron a punto de cerrar la operación de compra y venta de armas. Se sospecha que esperaran en un VW Gol para llevarse el arsenal.
Herrada fue la pieza que llevó a los investigadores hasta Núñez. “El análisis de las comunicaciones de Herrada sirvieron para establecer que el armamento que ofrecía a terceros era provisto fundamentalmente por Núñez”, explicó Torres.
Según los investigadores, Núñez, además de haber tenido la condición legal de coleccionista, lo que le permitía tener armas en situación de “desactivadas”, fue instructor de tiro.
“Núñez utilizaba sus contactos, conocimientos y los permisos obtenidos por el organismo competente [el ex Renar] para lucrar con la venta ilegal de armas y otros materiales controlados a personas que, sabía, no tenían autorización alguna para adquirir tales objetos; entre ellos, el mencionado Herrada. El tenor de algunas de las conversaciones registradas prueba que actuaba conociendo que los destinatarios finales del armamento podrían ser personas que, luego de hacerse de las armas, las utilizarían de forma ilegítima”, sostuvo Torres.
Las intervenciones telefónicas pusieron en escena a Tófalo. Los investigadores advirtieron que Núñez se comunicaba en forma constante con él para dar con el lote que posteriormente le iba a entregar a “Seba”: cuatro armas largas y siete de puño.
Fue así que cuando los detectives policiales tuvieron la certeza del encuentro entre Tófalo, de 70 años, y Núñez, la Justicia ordenó interceptar y abortar la operación.
A Tófalo, que por su edad fue beneficiado con la prisión domiciliaria, lo procesaron por los delitos de acopio de armas de fuego y entrega de armas de fuego a quien no acreditare su condición de legítimo usuario.
Núñez y Herrada fueron acusados del delito de entrega de armas de fuego a quien no acreditare su condición de legítimo usuario agravado por la habitualidad, que prevé una pena de entre cuatro y 15 años de prisión.
Aún no se pudo ubicar a Luis A., el presunto narco que iba a comprar las armas. En la casilla donde se suponía que vivía él fue detenido Olmedo Brizuela con una pistola 9 mm. con la numeración limada.
