Pedirán la detención de otros tres jefes policiales por el escándalo de los sobres

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El peritaje caligráfico dio ayer positivo para los tres jefes policiales de La Plata que están imputados en la causa iniciada tras el hallazgo, en la jefatura Departamental de La Plata, de 36 sobres numerados con $ 153.700 en total, cuya procedencia podría tener relación con recaudación relacionada con actividades ilegales como el juego, la droga y la prostitución.

Fuentes judiciales revelaron al diario El Día que, con el resultado de ese cotejo de escritura, el fiscal Marcelo Martini, a cargo de la investigación, pedirá en las próximas horas la detención del comisario Sebastián Cuenca, que estaba a cargo de la seccional Tercera, de Los Hornos; Sebastián Velázquez, ex jefe de la comisaría Segunda; y Julio Sáenz, ex titular de la Sexta, en Tolosa.

Cabe señalar que el ministro de Seguridad Cristian Ritondo había separado del cargo, en forma preventiva, a estos tres comisarios y a los demás implicados en la causa.

El cotejo caligráfico realizado ayer en la Asesoría Pericial de Tribunales consistió en comparar la letra de los sospechosos, obtenidas de sus legajos personales, con la de los sobres secuestrados en la Jefatura platense, para determinar si esos policías rendían o no a sus superiores dinero de origen ilegal.

La medida de prueba había sido ordenada por el fiscal para Cuenca, Velázquez y Sáenz, “a quienes no se les pudo hacer en su momento porque se negaron a dar un cuerpo de escritura para facilitar la pericia”, señalaron voceros judiciales.

El fiscal Martini había explicado que “los tres policías se negaron al peritaje caligráfico, pero se hará igual en la Asesoría el cotejo entre los sobres y documentación indubitablemente escrita por ellos”.

En el marco de la llamada “causa de los sobres”, la jueza de Garantías Marcela Garmendia ya ordenó la detención de seis comisarios, aunque la medida no se hizo efectiva debido a que están pendientes de resolución pedidos de eximición de prisión en la Cámara de Apelaciones (ver aparte).

Se trata del ex jefe de la Departamental, Darío Camerini; el ex segundo, Roberto Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj; el ex jefe de calle, Ariel Huck, y Raúl Fraire y Federico Máximo Jurado, que hasta ese momento estaban a cargo de las comisarías 12a (Villa Elisa) y 16a. (Villa Ponsati).

Camerini, Carballo, Huck y Skramowskyj fueron desafectados al inicio de la investigación y había una orden de detención en su contra, pero un hábeas corpus presentado por su defensa ante la Cámara de Apelaciones los mantuvo libres.

La investigación arrancó el 29 de febrero, después de que una denuncia anónima advirtió a Asuntos Internos que el jefe de la Departamental de Seguridad recaudaba alrededor de 200.000 pesos por mes en coimas que los jefes de las distintas comisarías entregaban el 1 día de cada mes, en sobres rotulados.

El 1 de abril se realizó un procedimiento en la Departamental situada en 12 entre 60 y 61, donde se secuestraron los sobres con los 153.700 pesos, y en cada uno de ellos estaba escrito de qué repartición provenían y a quién debía entregarse.

En el fallo la jueza les imputó a los jefes policiales los delitos de “asociación ilícita en concurso real con concusión e ideal con recepción de dádivas”.

Según la magistrada, entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 “un grupo de al menos seis policías integraron en forma organizada una asociación con el propósito de cometer delitos en el ámbito de la jefatura en la que prestaban servicios”.

Garmendia dio por acreditado que se recaudaba dinero en forma ilegal con la participación de policías de diferentes dependencias de la jurisdicción “que luego lo entregaban a la Jefatura Departamental y lo distribuía de acuerdo a la jerarquía que ocupaban”.

El fallo precisa que del operativo participaban 13 comisarías de La Plata y la división Patrulla Motorizada “quienes solicitaban y exigían la entrega de distintas sumas de dinero a comerciantes, por ejemplo, a cambio de seguridad o funcionar sin habilitación o a personas para vender estupefacientes”.

Entre ellos, cita el caso de una remisería que pagaba 300 pesos por semana o de un supermercado que entregaba mil pesos, ambos para garantizar la seguridad en sus comercios.