Hasta los fiscales que critican a Gils Carbó, se oponen a la nueva Ley

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Foto Fiscales.gob.ar

Fuente Ambito Financiero

El proyecto oficial de reforma del Ministerio Público Fiscal se encamina a un derrotero parlamentario incierto, mientras ya comienzan a generarse las primeras reacciones públicas adversas desde el ámbito judicial. A raíz de esto, Diputados ya analiza introducir modificaciones sensibles en el proyecto que comenzará a discutirse el miércoles en el recinto. Como adelantó Ámbito Financiero, antes de la firma del dictamen de comisión, entre los propios fiscales ya había corrido un escalofrío ante los trascendidos del contenido de la iniciativa -no tanto por el fin del mandato de Alejandra Gils Carbó sino por los alcances de la reforma y su impacto en la autonomía del Ministerio Público-, con reminiscencias de la intentona kirchnerista.

La Asociación de Fiscales, agrupados en AFFUN, integrantes de la lista celeste de la Asociación de Magistrados, se quejaron, y un grupo de fiscales encabezados por Mónica Cuñarro elaboró un documento para alzar su voz, en desacuerdo con los principales argumentos de reforma. A todos ellos se suman los funcionarios alineados con la Procuradora General, cuya estrategia será sembrar de amparos los tribunales del país si el proyecto se convierte en ley. Otras voces del ámbito jurídico, entre abogados y jueces, se declararán prescindentes aunque, por lo bajo, señalan falencias en el articulado que colocan al plan a merced de un bloqueo legal. Cambiemos, quizá sin pretenderlo, ha cosechado idéntico rechazo al plan K de elección popular de consejeros de la Magistratura, contenido en el denominado proyecto de democratización de la Justicia.

En el medio, el oficialismo está dispuesto a corregir las omisiones de la UFEM (violencia de género) y la UFI AMIA en la nómina de unidades especiales que no estaban en el dictamen (está en duda la de delitos contra la Seguridad Social). Lo mismo, cambiaría en el requisito de 5 años de antigüedad como fiscal para desempeñarse al frente de cada Procuraduría, con la expectativa de que la Comisión Bicameral presidida por Graciela Caamaño (FR) revoque los mandatos de forma selectiva por quienes fueron nombrados por Gils Carbó.

Así anularían el argumento constitucional de igualdad, base para los planteos que persiguen su judicialización. Del mismo modo, el Ejecutivo invertirá el plazo para los traslados de fiscales a quienes buscó conminar a que en 48 horas regresen a los cargos para los que fueron originalmente designados. Allí se toparon con una dificultad: gran parte de los fiscales que se desempeñan en fiscalías sensibles (37) fueron trasladados por orden de otros procuradores, haciendo uso de la misma facultad que utilizó Gils Carbó. Entonces, allí sí se pondría un tope al revisionismo, exclusivamente para quienes hayan sido trasladados por la funcionaria, algo que no conjura la posibilidad de que sea objetado en tribunales. La reforma será tema de pasillo el próximo jueves y viernes, cuando se realice la VII Conferencia Nacional de Jueces, encuentro que reunirá a magistrados de todo el país.

Problemas

El tema de la autarquía financiera tampoco pasa desapercibido. Actualmente para la Procuración existe un recorte del 25% de fondos en el Presupuesto 2017, incluido un bloqueo burocrático a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aún no consigue que se tramite su papeleo desde el Ejecutivo. “Hacen politiquería destruyendo las instituciones”, sostuvo Cuñarro en un extenso documento en el que enumera las inconsistencias del plan consensuado entre el Frente Renovador y Cambiemos.

Enciende las alarmas del Gobierno que la fiscal no sea precisamente de las funcionarias alineadas con la procuradora y que los argumentos constituyan la base de una eventual declaración de inconstitucionalidad. “Se dejó atrás el diseño institucional que consideraba que el procurador general debía acompañar la política del Poder Ejecutivo, para asignársele ahora la facultad de diseñar su propia política criminal”, señaló Cuñarro la intención de la reforma constitucional que colocó al MPF como órgano extrapoder, con inamovilidad de los cargos, idéntica a la de los jueces.

La fiscal también resaltó que hoy existen cuatro órganos dependientes del Congreso y que en ninguno de esos casos las designaciones requieren un acuerdo de los parlamentarios como plantea el proyecto oficial. Por lo que designación en puesto clave, advierte, quedará atada a “contactos políticos”, además de discriminar al 32% de los fiscales que tienen menos de 5 años en el MPF y no podrían acceder a ninguno de los cargos de relevancia (pese a haber entrado por concurso).