Avanza la investigación contra dos policías retirados de la fuerza por manejar una importante red de juego ilegal en la ciudad bonaerense de Bolívar. En la pesquisa que lleva adelante la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad se comprobó que uno de ellos “viajaba por el mundo y tiene cuentas en Panamá”. Y se supo que, cuando aún estaban en actividad, ya habían sido denunciados por el mismo hecho, aunque esa causa no avanzó con el anterior gobierno.
Los sospechosos son Pablo Casas y Jorge Campos, comisarios retirados en 2014. Las causas son dos: por enriquecimiento ilícito y por dirigir la red de juego ilegal.
Desde 2012 hasta 2014 Casas fue jefe de la subDDI de Bolívar, con un sueldo de $ 30.000 por mes. Es lo único que sostuvo en sus declaraciones juradas presentadas ante la AFIP. Pero con la investigación interna y el cruce de datos con otros organismos del Estado se pudo corroborar que tiene seis autos a su nombre, entre ellos un BMW valuado en más de 800.000 pesos. Hasta 2010, Campos era jefe de la Sub DDI local.
En marzo de ese año, ambos comisario anunciaron que dejaban sus cargos. En esa ocasión, cuando se cuestionaba a la policía y ya se hablaba de corrupción, Campos dijo: “Me voy para que puedan avanzar en la seguridad de Bolívar. Soy nativo de esta ciudad y no quiero interponerme ante quienes crean que estamos emparentados con el delito. Lo único que hacemos es trabajar”.
Casas, por su parte, explicaba a los medios locales: “Hemos hecho todo lo posible con Jorge [Campos], para tratar de resolver los hechos. No hemos conseguido los resultados que la gente quiere y no hay más que hacer.”
Ahora, Casas y Campos viven en Bolívar; aunque están retirados, no perdieron el estado policial.
La investigación de Asuntos Internos “está muy avanzada”, señalaron fuentes consultadas por LA NACION. Ante la presunción de que la justicia de Bolívar habría apañado a estos dos comisarios, desde esa subsecretaría del Ministerio de Seguridad buscan tener la mayor cantidad de pruebas antes de presentarlas en los tribunales.
El auditor Guillermo Berra cree, además, que había “un arreglo” con la gestión anterior de Asuntos Internos, que estaba a cargo de Viviana Arcidiácono. Existía una denuncia de hace cuatro años que relacionaba a estos dos policías con el juego clandestino en Bolívar y en ese momento ambos se encontraban en actividad. Sin embargo, no se registró ninguna acción para investigarlos.
Con la familia
El cruce de datos se hizo con informes financieros y con datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Se encontró que Casas “tenía seis sociedades con hijos, conocidos y testaferros, que tiene un barco y que viajó cuatro veces en un año a Panamá”, explicaron fuentes de Asuntos Internos.
Cuando los datos estén listos, el auditor general de Asuntos Internos llamará a Casas para que preste declaración. En la causa por enriquecimiento ilícito investigan también a su mujer, a sus hijos y a sus eventuales testaferros.
Campos estaría en la misma situación que Casas, pero con mucho menos bienes en su haber. Según surge de la investigación, hoy ambos estarían peleados.
En los comentarios de las notas que salen sobre el tema en diarios de Bolívar, la audiencia expresa su alegría por que se haya “destapado la olla”, y dan datos para que sean investigados. “Es de público conocimiento que esto pasa desde hace varios años”; “Le hubiesen preguntado a cualquiera, quién no sabe dónde están las maquinitas”, y ” qué pasó con las demás salas clandestinas en Bolívar, no es la única…”, son algunos de los comentarios que se leen, por ejemplo, en La Mañana de Bolívar.
Durante el último allanamiento en esa ciudad, realizado por la policía bonaerense y el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, se determinó que las salas de juego ilegales funcionaban en clubes sociales y deportivos, en locales comerciales y en propiedades privadas, y que la recaudación de las salas clandestinas superaba los 700.000 pesos por mes.
