El fiscal platense Marcelo Martini, a cargo de la causa que investiga la aparición de 36 sobres con 153.700 pesos, en un despacho de la Jefatura Departamental La Plata, que se presume de origen ilícito, dispuso la realización de un peritaje caligráfico en la Asesoría de Tribunales.
Según fuentes judiciales, la medida, prevista para el próximo 10 de agosto, afecta a funcionarios de casi todas las seccionales de la Ciudad.
Según publica el diario El Día, son 35 efectivos, entre comisarios, subcomisarios y jefes de calle, los que fueron notificados de la diligencia y quienes deberán presentarse a formar cuerpo de escritura.
¿Las razones? El fiscal Martini intenta determinar quiénes son los que habrían ensobrado el dinero, presuntamente dirigido a los cuatro imputados que ya tiene el caso: el ex titular de la Departamental, Darío Camerini; su segundo jefe, Rodolfo Carballo; el ex jefe de operaciones, Ariel Huck y el ex secretario, Walter Skramowskyj, entre los meses de diciembre de 2015 y marzo de 2016.
Como se sabe, en esos pequeños paquetes había distintas anotaciones, como números y letras, con las que -se cree- indicaban hacia dónde debían ser dirigidas.
Por eso ahora la Justicia quiere saber si se puede determinar las personas que, de alguna forma u otra, participaron de ese aparente sistema de recaudación ilegal.
Por este caso, el 10 de mayo pasado, la Sala III de la Cámara Penal platense, que integran Carlos Silva Acevedo y Carlos Ariel Argüero, eximió de prisión a los acusados, a los que se debe sumar a la oficial administrativa, María de los Angeles Ramírez, a quien le endilgaron la figura del encubrimiento -del resto de los sospechosos-.
Tanto a Camerini como a Carballo, Huck y Skramowskyj, les sumaron cargos por “asociación ilícita en concurso real con concusión e ideal con recepción de dádivas”. Y en esos términos la jueza de garantías Marcela Garmendia, que avaló toda la investigación realizada por el fiscal Martini, requirió su detención, que posteriormente quedó desvirtuada por la decisión de la Alzada.
Precisamente, los camaristas, que hicieron lugar a un recurso de hábeas corpus interpuesto por la defensa técnica, a cargo de Ricardo Bianchi y Juan Di Nardo, consideraron que “sin desconocer que se está ante la presunta comisión de graves conductas ilícitas, (…) de la lectura de las constancias de autos, no se advierte en la descripción de la plataforma fáctica desarrollada tanto por el señor agente fiscal, así como en la convalidada por el juez de grado, en qué habría consistido la imputación que se dirige contra los cuatro imputados”, señalaron en su voto.
“Del análisis de lo actuado hasta ahora, no se advierte en autos que se haya individualizado de manera concreta la conducta que se reputa como delictiva, ni cuál ha sido el aporte de cada uno de los nombrados en los distintos tramos que se reseñan de manera ambigua y genérica en la descripción de la materialidad ilícita”, agregaron.
A partir de esa situación, Martini agregó nuevos elementos de prueba, como una denuncia sobre la llamada “caja negra” de la bonaerense, que referiría a un hecho supuestamente ocurrido el último 18 de abril. Y también realizó un entrecruzamiento de llamadas, con el apoyo de técnicos de la Procuración de la Suprema Corte provincial, el cual, según trascendió, habría arrojado varios contactos, el día que Asuntos Internos allanó la Departamental y recogió la evidencia, entre los efectivos que ya están imputados en la causa y los que ahora fueron notificados que deberán presentarse a realizar el peritaje caligráfico.
Por último, cabe destacar que en Casación se encuentra en estudio un planteo de nulidad del procedimiento, interpuesto por los abogados de los acusados, quienes denunciaron la afectación de garantías y derechos constitucionales.
