El ex secretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista José López consiguió por parte del juez Marcelo Martínez De Giorgi una postergación en la audiencia de declaración indagatoria por la causa «Sueños Compartidos», luego de que nombrara dos nuevos defensores.

Diego Sánchez y Fernando García reemplazarán a la abogada Fernanda Herrera, que esta mañana renunció por “diferencias técnicas” con la familia de López, según informaron fuentes judiciales.

López fue trasladado desde el penal de Ezeiza con una fuerte custodia y a las 13.30 volvió a partir rumbo a la cárcel a bordo de una ambulancia.

Martínez De Giorgi investiga el Plan Federal de Construcción de Viviendas. El magistrado citó a declaración indagatoria a 43 personas entre ellas la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el titular del PRO, Humberto Schiavoni, y gobernadores y ex gobernadores a declarar como sospechosos en la causa que investiga el programa de casas sociales «Sueños Compartidos».

La causa conocida como «Sueños Compartidos» se inició en 2011 y recayó en manos del entonces juez federal Norberto Oyarbide, que detuvo a los hermanos Schoklender, famosos protagonistas de un parricidio en los años 80. Hebe de Bonafini había adoptado como un hijo a Sergio cuando en los años 90 obtuvo la libertad.

El escándalo enfrentó a Sergio Schoklender con Bonafini, quien responsabilizó a su ex protegido de haberle robado el dinero de la Fundación y se desligó de todas las irregularidades en el caso.

En 2013, tras una serie de fallos críticos, la Cámara Federal aparto a Oyarbide de la investigación y desprocesó a los Schoklender, momento a partir del cual la causa quedó en manos de Martínez De Giorgi, la que tras un proceso de auditorías, informes y recupero de información resolvió las indagatorias.

Por otro lado, en el marco de la causa en la que está procesado por enriquecimiento ilícito, el juez Daniel Rafecas rechazó su excarcelación.

Rafecas rechazó excarcelarlo por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación en lo que se refiere al enriquecimiento ilícito, expediente en el que se encuentra procesado bajo prisión preventiva.