Un efectivo de la Policía de Río Negro que prestaba funciones en la ciudad de Catriel fue detenido esta tarde por su presunta vinculación con la desaparición del agente Lucas Muñoz, visto por última vez el 14 de julio cuando se dirigía a prestar servicio a una comisaría de Bariloche, informaron fuentes judiciales.
Paralelamente, la jefatura de la fuerza dispuso el pase a disponibilidad de tres comisarios, un subcomisario y dos oficiales de Bariloche por presuntas irregularidades en la investigación, se informó oficialmente.
Luego de 15 días de búsqueda de Muñoz, oficial de servicio de la comisaría 42a., desde este mediodía se produjeron novedades a partir de la intervención de fuerzas federales en los procedimientos ordenados por la Justicia rionegrina.
A pedido del fiscal Martín Govetto, con autorización del juez Bernardo Campana, un policía fue detenido en su casa de Colonia Catriel, a 600 kilómetros de Bariloche, por su presunta vinculación con la desaparición del efectivo.
El operativo fue realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, que también efectuó allanamientos en la vivienda y en la comisaría en la que trabajaba el sospechoso.
Poco antes, la jefatura de la Policía de Río Negro ordenó la “suspensión preventiva” y pase a disponibilidad del comisario inspector Adolfo Poblete (segundo jefe de la Regional III, máxima autoridad de Bariloche y la zona); el comisario Jorge Omar Elizondo y el subcomisario José Jaramillo (jefe y subjefe de la comisaría 42); David Paz (jefe de Seguridad Vial); y los oficiales Luis Daniel y Julián Maximiliano Morales (de la última repartición).
En este caso, las sanciones se basaron en la imputación de este mediodía del fiscal Guillermo Lista a esos policías por el allanamiento a la vivienda del policía desaparecido y la adulteración del libro de novedades de la comisaría 42a., entre otras irregularidades, consideradas como interferencias en la investigación de la desaparición de Muñoz.
Lista señaló la “evidente adulteración del parte diario de novedades (de la seccional), a través del reemplazo de, por lo menos, siete folios originales, por otros pertenecientes a un cuaderno distinto”, lo que fue “suscripto al finalizar el día 17 de julio (tres días después de la desaparición de Muñoz) por el responsable de la unidad (Elizondo)”.
El fiscal agregó que “semejante anomalía configura un ilícito penal sobre un instrumento público” y dijo que eso buscó “entorpecer e interferir sobre las declaraciones de personal subalterno de la fuerza en torno de las averiguaciones” de la desaparición de Muñoz.
El oficial ayudante Muñoz desapareció el jueves 14 de julio, según suponen los investigadores, luego de bajar del colectivo a cinco cuadras de la comisaría 42a. y pocos minutos antes de ingresar a la unidad.
Las primeras informaciones de la Policía apuntaban a su eventual suicidio, por lo que rastrillaron la costa del lago y lugares de la ciudad en donde podría haber tomado la determinación de quitarse la vida.
Luego pensaron que podría haberse ido de la ciudad, a otra localidad (es oriundo de Ramos Mejía y vivió en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires), o a Chile, por lo que también hicieron averiguaciones en la Dirección Nacional de Migraciones.
Después comenzaron a investigar entre sus vínculos afectivos y allegados, y entre otros procedimientos detuvieron a dos policías del área de Seguridad Vial, por tenencia de drogas, a los que poco después liberaron.
La imputación a los policías, en especial a los de mayor rango, se generó un gran revuelo en la fuerza y desconcierto en sus autoridades.
El único imputado en expresarse públicamente fue el comisario Poblete, quien aseguró que él mismo realizó el viernes pasado una denuncia ante la Fiscalía y que se puso a disposición de la justicia, sin haber sido notificado de la acusación formulada por el fiscal Lista.
