Darán más poder a las víctimas de delitos en los procesos penales

1137

Fuente La Nación

La gobernadora María Eugenia Vidal admite que la seguridad es el mayor reclamo en la provincia de Buenos Aires. Por eso, hoy anunciará una amplia reforma del Código Procesal Penal, de la ley de Ejecución Penal y de la del Ministerio Público con el fin de respaldar y dar más poder en los procesos a las víctimas de los delitos.

En la reforma se destaca la creación del “abogado de la víctima”, que será la contracara del defensor oficial en los juicios y que tendrá un rol diferenciado del fiscal, que representa al Estado en la acusación.

Con esa representación, las víctimas de los delitos sumarán más posibilidades de acción a lo largo de todo el proceso, tanto en la etapa previa al juicio como durante la ejecución de la pena.

Así, podrán hacer uso de la palabra al inicio de un juicio oral, como contraparte a las últimas palabras del acusado. Podrán opinar sobre las eventuales resoluciones de sobreseimiento de sus victimarios. Y también tendrán potestad de hacerlo en relación con la aplicación del juicio abreviado y el cómputo de la pena. Además, podrán hacerse oír sobre las medidas de morigeración o las salidas transitorias de quienes sean hallados culpables por los delitos perpetrados en su contra.

Además, con relación a la suspensión del proceso a prueba, se otorga a las víctimas la posibilidad de solicitar ser informadas de las reglas de conducta aplicadas y de supervisar su cumplimiento.

Otra de las figuras innovadoras será la creación del “abogado del niño”, que representará a los menores que sean víctimas de episodios de violencia entre sus padres o que sufran un femicidio vinculado.

Según cifras de la ONG La Casa del Encuentro, el 37% de las víctimas de femicidios del país del último año se registraron en la provincia de Buenos Aires. Fueron 102. Por estos casos hay 72 chicos que podrían ser alcanzados por este programa, una vez que quede aprobado. A estos niños el Estado les otorgará una subvención económica y les garantizará el acceso a la educación, a la salud y a una obra social.