Piden que las casas allanadas en la Villa 31 sean recuperadas para un «fin social»

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Foto Archivo.

Luego de los allanamientos llevados adelante semanas atrás en distintas viviendas de la Villa 31 del barrio porteño de Retiro, en el marco de la causa en la que se investiga a la banda conocida como “Los Sampedranos”, por la posible comercialización de estupefacientes, el titular de la Fiscalía Nº1 en lo Criminal y Correccional Federal, Jorge Di Lello, solicitó al juez federal Ariel Lijo que disponga lo pertinente para darle un fin social a esos inmuebles, utilizados por la organización narcocriminal.

Para el representante del MPF, esta solicitud “no sólo sería una tranquilidad para los vecinos del lugar, sino que, sin dudas, no será jamás otro punto sensible para la lucha contra este tipo de organizaciones delictivas, y por otro lado, así se evitaría un deterioro propio de las edificaciones por el paso del tiempo”.

El fiscal federal reflexionó “estoy convencido de que, más allá de la incursión judicial tendiente a secuestrar la sustancia prohibida y comercializada, y detener a los responsables de su almacenamiento, fraccionamiento, custodia y/o venta, el Estado y sus operadores –de los cuales este Ministerio Público es parte según mandato constitucional-, debe posicionarse en el asentamiento, recuperar el territorio ocupado por organizaciones criminales para el ejercicio de sus actividades, evitar que vuelvan a desarrollarse, cumpliendo con su función de seguridad y asistencia social allí donde más se la necesita”.

En este marco, la el titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia de la Procuración General, Julián Axat, propuso crear una “Biblioteca popular de derechos Carlos Mugica” en uno de los espacios de expendio y almacenamiento de drogas clausurados durante el procedimiento. Así también, el Ministerio de Seguridad de la Nación dio inicio al programa llamado “Barrios Seguros”; y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del diseño de un plan integral de urbanización para el Barrio denominado Villa 31 y 31 bis, y a través de su Secretaría de Integración Social y Urbana de la Jefatura de Gabinete de Ministros del GCBA propuso la creación de un Centro Educativo para Adultos y de un Centro de Desarrollo Empresarial y Laboral, informa el portal fiscales.gob.ar

Di Lello resaltó en su escrito al juez la labor de coordinación realizada, “se está articulando con las áreas competentes en salud, en cuyo marco se ha dispuesto la realización de una mesa de integración Nación-Ciudad”.

La causa ahora se encuentra ante en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº4, a cargo de Ariel Lijo, quien deberá resolver sobre la implementación del plan oportunamente referido.