Maximiliano Pullaro, ministro de Seguridad de Santa Fe, considera que las comisarías ya no tienen razón de ser y que a mediano plazo deben desaparecer. Que ya no cumplen el rol de hace 20 o 30 años y que las ciudades cambian y también deben hacerlo las fuerzas policiales.
Su idea es que, entonces, la seguridad pública en Rosario se organice por las cuadrículas de cada barrio y en función de los seis centros de distrito descentralizados de la ciudad, donde “se haga la atención primaria de la seguridad”, según publica el diario La Nación. El objetivo es que los 6000 efectivos que hay en Rosario realicen tareas puramente vinculadas a la prevención. Por eso, los cambios incluyen que la recepción de denuncias quede en manos de personal administrativo, en coordinación con las fiscalías.
A la par, entre las medidas y cambios que prepara se encuentra la puesta en funcionamiento del sistema OJO, donde trabajarán unas 200 personas que a través de un sistema informático georreferenciarán el delito.
El proyecto se inserta en la intención del gobernador Miguel Lifschitz de incrementar el proceso de descentralización del Estado que comenzó hace más de 15 años en Rosario. Se tomaron como referencia experiencias de Colombia y de Chile, donde el servicio policial se ajusta al requerimiento municipal y en el que las comisarías, como tales, dejaron de tener prevalencia en la función preventiva territorial.
“Las comisarías muchas veces contribuyen a que haya zonas liberadas. Con los cambios que estamos llevando adelante, esto no va a pasar más”, afirmó Pullaro. Actualmente en Rosario hay 31 comisarías, cuya infraestructura es deficitaria.
La reforma que encaró en la fuerza policial arrancó con la decisión política de que el ministerio sea el que designe a los jefes de las 19 unidades regionales de la provincia. Ése era un rol que antes cumplía el jefe de la policía, y acaba de cambiar tras la renuncia de Rafael Grau, en medio de un espiral de violencia en la zona norte de Rosario, donde fueron baleados dos chicos en el club Defensores de América, y con una ola de homicidios en la capital de Santa Fe.
A pesar de que según las estadísticas del Ministerio de Seguridad los homicidios bajaron un 20% con respecto al año anterior, la violencia brota a borbotones en los barrios de esta ciudad, principalmente a partir de las peleas por el territorio entre bandas de narcomenudeo.
Ayer asumió el comisario mayor Luis Bruschi al frente de una tropa integrada por 22.500 efectivos, de los cuales no se sabe aún cuántos trabajan y dónde lo hacen. Ante ese desconcierto administrativo, siempre manejado por la propia fuerza, el Ministerio de Seguridad encaró un censo policial para indagar y cerciorarse de dónde y qué función cumple cada policía. “Hay efectivos que están destinados a un pueblo en el sur provincial, por ejemplo, y nunca se presentaron a trabajar. Y siguen cobrando el sueldo”, puso como ejemplo una fuente de esa cartera.
Lo que se pretende saber es cuál es la verdadera disposición de los recursos humanos policiales, cómo se distribuyen según las prioridades de la política de seguridad y cómo se explica la situación de quienes por motivos diversos no prestan servicio.
Como complemento de esta medida surgió un proyecto para reformar la ley de personal policial. Uno de los puntos a cambiar es el de las carpetas médicas. Actualmente, según afirmó Pullaro, hay unos 2000 uniformados en esa situación, casi el 10% del personal policial. Muchos de estos pedidos de licencia no tienen una justificación real, sino sólo administrativa.
Los policías con carpeta médica cobran hoy el 100% del sueldo. Con la reforma no podrán percibir los suplementos particulares. El otro punto es que los efectivos que se encuentren en disponibilidad no cobrarán el 75% del sueldo, sino el 60. Y por decisión del ministro, en determinados casos se podrá resolver la exoneración del uniformado.
La otra preocupación de Pullaro es el mercado negro de armas. Ahí también se puso la lupa sobre la policía. En inspecciones realizadas en Santa Fe, Rosario y San Lorenzo se secuestraron 588 armas acopiadas de operativos anteriores. Esas armas no debían estar en las comisarías.
La sospecha es que el circuito ilegal de armas se nutre muchas veces de armamento secuestrado en operativos policiales que queda “olvidado”, sin ningún tipo de control judicial, en las seccionales.
A la par están las sospechas de que de la fábrica de armas de Fray Luis Beltrán se filtraron municiones hacia organizaciones narcocriminales. La semana pasada, la justicia federal realizó un allanamiento por una causa que se abrió por supuesto faltante de municiones y armas. Pullaro le trasladó esa preocupación el viernes pasado al ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez.
