La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) denunció hoy penalmente el accionar de efectivos de Gendarmería Nacional por los hechos ocurridos el viernes pasado en los que un grupo de vecinos de la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño resultó herido en el marco de un supuesto operativo de la fuerza, informó la Procuración General de la Nación.
A través de su página web, la Procuración indicó que el fiscal de la Procuvin, Miguel Angel Palazzini, radicó la denuncia en el Juzgado de Instrucción 22 a cargo de Guillermo Rongo, a partir del “testimonio coincidente de las víctimas, especialmente en lo referido a la violencia ejercida por los miembros de esa fuerza de seguridad y a que ninguno de los vecinos se encontraba armado o habría ofrecido resistencia alguna”.
Según el informe judicial, a partir de esta denuncia será el fiscal de Instrucción 43 de esta Capital Federal, Carlos Velarde, quien intervendrá en la investigación.
Desde la Procuración se indicó que una de las víctimas declaró que “un grupo de vecinos se encontraba el viernes por la noche ensayando con la murga del barrio en el cruce de las calles Charrúa y Varela cuando un patrullero con efectivos de la Gendarmería avanzó en esa dirección”.
“De acuerdo al relato, quien conducía el vehículo se negó a detener su corrido, embistiendo así a una mujer. Posteriormente, un grupo de efectivos descendió del móvil y comenzó a agredir a los vecinos que se encontraban en el lugar”, señaló el informe.
En ese sentido, el declarante contó que los gendarmes “comenzaron a disparar a todas partes, contra la murga en particular, contra los chicos y mujeres que se quedaron en la calle”.
“La totalidad de los testimonios coincide en que ninguno de los vecinos portaba armas de fuego, y que tampoco existieron agresiones dirigidas hacia los efectivos de Gendarmería. Más aún, uno de los testigos aportó a la Procuraduría seis cartuchos de color verde, tres casquillos dorados (presumiblemente de pistola 9 mm) y 25 postas de goma que dijo haber recogido de la calle una vez finalizada la agresión”, añadió Procuración.
En base a estos testimoniales es que la Procuvin sostuvo que debe analizarse, eventualmente, la posible responsabilidad de funcionarios jerárquicos de Gendarmería Nacional, por lo que solicitaron “la investigación de la cadena de mandos de la fuerza en el marco del operativo de Cinturón Sur, delimitar las funciones de cada uno de ellos”.
La denuncia resaltó también el “deber de no atentar contra la integridad física de personas que se encuentran reunidas en el marco de un espectáculo popular… Tanto más si es visible que hay niños, mujeres embarazadas y adultos mayores por su especial condición de vulnerabilidad”.
Desde la Procuración se recordó que en septiembre del 2015, la Procuvin “ya había denunciado a Gendarmería Nacional por privaciones ilegítimas de la libertad de niños y adolescentes”.
“Se llegaron a registrar 18 hechos que tuvieron lugar en barrios del suroeste de la Ciudad de Buenos Aires, entre los años 2013 y 2014. Por estos hechos se inició una investigación sobre la presunta responsabilidad de funcionarios y autoridades de esa fuerza de seguridad”, precisó el informe.
Y agregó: “Es dable formular la hipótesis -que entendemos delictiva y que denunciamos- que existe pleno conocimiento de estos delitos entre los propios funcionarios de la fuerza y las autoridades de Gendarmería Nacional que actuaron en el marco del operativo Cinturón Sur en el período señalado.”
