El Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD), espacio que integran organizaciones no gubernamentales y referentes políticos y parlamentarios, emitió un comunicado en el que critica la instalación de la emergencia en el área de Seguridad, ordenada por el gobierno de Mauricio Macri. Advierte que “la potestad de derribar aviones es una pena de muerte encubierta” y que “la emergencia no reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad”.
Desde el organismo indicaron que “el Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia en seguridad a través de un decreto sin apoyarse en diagnósticos claros”.
“Esto pone en marcha medidas que profundizan las peores tendencias en materia de políticas de seguridad. Para dar respuesta a demandas sociales legítimas. Otra vez se realizan anuncios efectistas pero ineficaces, con el agravante de que en esta oportunidad la escalada punitiva llega a habilitar una pena de muerte encubierta”, señalaron en el comunicado.
El comunicado lleva las firmas de personalidades de la política y la cultura, como la ensayista Beatriz Sarlo, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el exgobernador bonaerense Felipe Solá y el excanciller Jorge Taiana, entre otros.
“El decreto caracteriza al narcotráfico como una violación a la soberanía nacional e inscribe a las políticas para enfrentarlo en el modelo de las “nuevas amenazas” que EEUU prescribe para América Latina pero que no aplica en su propio territorio”, se indica. “Asimilar el narcotráfico a una agresión militar extranjera lo coloca por encima de otros delitos tanto o más violentos como la comercialización ilegal de armas de fuego. Como consecuencia de este paradigma, se le atribuyen a las Fuerzas Armadas nuevas facultades para intervenir en cuestiones de seguridad pública y no de defensa nacional. Esta decisión produce un quiebre en la distinción entre seguridad interior y defensa nacional que ya se había debilitado en el gobierno anterior”.
En otro párrafo mostraron su preocupación por el tema del derribo de aviones. “Las FF.AA. no se limitarían ahora a controlar el espacio aéreo sino que también tendrán la potestad de derribar aviones que no se identifiquen, sin necesidad de consultar a las autoridades políticas para hacerlo. Esta medida es inconstitucional desde el momento en que constituye una pena de muerte sumaria encubierta, en contradicción con el Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía constitucional. Las experiencias internacionales han demostrado que la intervención militar contra el narcotráfico no produce ningún efecto beneficioso, sólo contribuye a una escalada de la violencia”, señala el comunicado.
“La emergencia no reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad como la falta de profesionalización y de reforma de las fuerzas policiales para que dejen de ser un engranaje fundamental de los mercados ilegales ni la degradación de los sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de detención. En lugar de ello, se habilitan una serie de procedimientos de excepción para aumentar el número de efectivos policiales y dotarlos de mayor poder de fuego. Por ejemplo, se autoriza la convocatorio a personal retirado, medida que ya ha sido adoptada reiteradas veces y no aporta nada positivo, pero que desprofesionaliza a las fuerzas de seguridad. Estos cuerpos policiales reforzados, que mantienen los mismos problemas de violencia y corrupción, son luego destinados a operativos de saturación en barrios pobres, sumando un problema más a las situaciones cotidianas de violencia que se viven en algunos de estos barrios. Al mismo tiempo, la declaración de emergencia habilita al poder ejecutivo a incrementar los gastos en tecnología y armamentos y debilita los sistemas de control para las contrataciones estatales”.
Para la ASD “la declaración de emergencia se presenta como una estrategia unilateral e ineficaz que tiene más de impacto comunicacional que de política consensuada, técnicamente eficaz, sustentable en el tiempo y evaluable por sus resultados”.
Además, señalan que “no propone medidas capaces de afectar el funcionamientos de los mercados ilegales, como por ejemplo, fortalecer el control del lavado de activos provenientes del narcotráfico que atraviesan el sistema financiero”.
“Tampoco -agrega- se han dado a conocer medidas para intervenir en la relación promiscua entre fútbol y política, fenómeno íntimamente vinculado al narcotráfico y los crímenes mafiosos. Para promover una verdadera política de Estado que enfrente a los complejos fenómenos del delito y la violencia no es posible dejar de lado la necesidad de profesionalizar a las instituciones policiales y el Sistema de Inteligencia. Al mismo tiempo, debería jerarquizarse el trabajo preventivo territorial, en particular con los jóvenes y los niños”.
“Las políticas de seguridad en general y de drogas en particular, deben surgir de diagnósticos rigurosos y de un enfoque de seguridad democrática”, reclamaron.
“La emergencia en seguridad declarada por el Poder Ejecutivo es otra oportunidad perdida para dar un debate serio sobre las formas en que un estado democrático debe abordar los problemas del delito y la violencia”, puntualizaron.
En el comunicado adhirieron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ANDHES, Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Colectivo Habitar Argentina, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM), Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Intercambios Asociación Civil, Programa Universidad y Cárcel (Universidad Nacional de Córdoba), Xumek.
