Por pedido del procurador a la Corte de la Nación suspenden el fallo que limita las detenciones en Mendoza

793

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que obliga a fiscales y jueces a acortar los plazos para fundamentar y hacer cumplir las prisiones preventivas, quedó suspendido momentáneamente por un pedido que realizó ayer el procurador general de la corte mendocina.

El procurador Rodolfo González presentó el martes ante la Corte Suprema de la Nación un Recurso Extraordinario Federal, por lo que se suspendió el fallo firmado por Omar Palermo, Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez y Jorge Nanclares.

 

“Se ha demandado la suspensión de la ejecución de la sentencia y para el supuesto que fuera denegada, tal solicitud de suspensión se le requiere a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, indicó ayer González.

 

Por este motivo no se realizó la reunión de miembros de la Suprema Corte con el Procurador, los jueces de Apelaciones en lo Criminal y Jueces de Garantías y de Instrucción para coordinar la implementación del fallo.

La Organización Civil de Derechos Humanos Xumek que presentó un habeas corpus colectivo por 874 detenidos tendrá diez días hábiles para que expedirse sobre el planteo realizado por la Procuración y luego la Corte Suprema de La Nación se pronunciará sobre la admisión o no del recurso.

Si la Corte admite el recurso se elevan todas las actuaciones a la Corte Nacional, si no el procurador tendrá la posibilidad de plantear un recurso de queja ante la Corte Nacional.

El fallo ha generado polémica en el Ejecutivo local, quienes se reunieron hace unos días con el presidente de la Suprema Corte Pedro Llorente y otros miembros del tribunal para pedir que “se revea” ya que consideran que es “una medida dictada con premura, poco oportuna y deja al borde del colapso al sistema de seguridad».

En tanto, en diálogo con radio Nacional Mendoza, el abogado Diego Lavado, integrante de la asociación civil Xumek aclaró que el fallo dice que “en forma inmediata se debe comunicar al juez de garantías las detenciones y que además el fiscal tiene diez días para pedir la prisión preventiva, si tiene pruebas suficientes” y expresó que “en ningún punto se dispone que las personas vayan a recuperar masivamente la libertad, como se ha pretendido desde el gobierno”.