Un inspector municipal fue detenido por personal policial, acusado de pedirle dinero a dos comerciantes de la localidad platense de San Carlos, bajo presuntas amenazas de clausurarle sus locales, informaron fuentes judiciales.
El hombre fue identificado por las fuentes como Sergio Ariel Baigorria y, tras la intervención policial, quedó imputado en una causa por “exacciones ilegales”, con conocimiento del fiscal Marcelo Romero.
Al momento de concretarse su captura, el sospechoso se desplazaba en una camioneta Chevrolet Meriva, patente GRY-230.
De acuerdo al reporte oficial, uno de los comerciantes que fue intimado a pagar una “coima” para evitar la clausura de su local llamó al 911 para denunciar lo que le había pasado, por lo que personal policial tomó inmediata intervención.
Al requerir su detención, el titular de la UFI Nº 6 de La Plata describió que “existen en autos elementos suficientes e indicios vehementes de que el día 27 de octubre del año 2015, a las 20.50 horas aproximadamente, un sujeto de sexo masculino -funcionario del municipio local-, se constituyó en el comercio del rubro carnicería, razón social “La Era de Papu”, sito en calle 137 y 33 bis, y abusando de su condición y cargo, le exigió indebidamente dinero al dueño de dicho local, a cambio de evitar inspecciones semanales y no labrar actas contravencionales de rigor”.
En tanto, como segundo episodio, detalló que “existen iguales recaudos legales para sostener que siendo las 21.10 horas del día 27 de octubre de este año, el mismo sujeto de sexo masculino, se constituyó en el comercio del rubro pollajería, ubicado en las calles 137, entre 33 y 33 bis, y abusando de su cargo de funcionario -empleado municipal- le solicitó indebidamente dinero al dueño del local, ello con idéntica finalidad a las mencionadas”, en el primer caso.
Con respecto a la materialidad ilícita, el fiscal Romero le dio especial importancia a que el inspector municipal “fue aprehendido momentos después de llevar a cabo la maniobra delictiva”.
Por último, las fuentes informaron que en poder del imputado se secuestró documentación membreteada por un juzgado de faltas local.
