La justicia penal platense concretó ayer, a 10 años de la tragedia, la audiencia previa del juicio oral que ventilará la muerte de 33 detenidos en la Unidad 28 de Magdalena, y que tendrá en el banquillo de los acusados a 17 integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La audiencia se celebró en la sala de la planta baja del fuero penal de 8 y 57, con la presencia de las juezas del Tribunal Oral en lo Criminal V, María Isabel Martiarena y Carmen Palacios Arias.
Por el ministerio público participó la fiscal de Juicio Florencia Budiño, junto a los particulares damnificados, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos entre los cuales se encuentran el Cels y la Comisión Provincial por la Memoria. Además estuvieron los 17 imputados junto a sus abogados defensores.
En la mencionada audiencia Budiño estimó que el juicio durará unos 3 meses y pidió un plazo de 30 días para producir la instrucción suplementaria. Su postura fue acompañada por las demás partes.
Cabe aclarar que hay ofrecidos 500 testigos, un gran número de pericias y prueba documental para analizar. Voceros judiciales destacaron que se trata de uno de los juicios con mayor complejidad en el fuero penal platense.
Ayer las juezas escucharan todos los argumentos de las partes, durante casi dos horas.
La semana próxima darán a conocer la resolución sobre los planteos realizados ayer y se sabrá la posible fecha de inicio del debate oral.
Los imputados son Raymundo Héctor Fernández, Jorge Luis Marti, María del Rosario Roma, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Juan Eduardo Zaccheo, Gualberto Darío Molina, Juan Emiliano Santamaría, Juan César Romano, Carlos Augusto Bustos, Marcos David Sánchez, Rubén Alejandro Montes de Oca, Eduardo Gabriel Villareal, Mauricio Alejandro Giannovile, Maximiliano Morcella y Gonzalo Pérez, todos sospechados de haber cometido “abandono de persona seguido de muerte”.
En tanto, Cristian Alberto Nuñez y Carlos Oscar Tejeda están imputados por el delito de homicidio culposo, es decir, por accidente.
Cabe señalar que todos los imputados están en libertad.
El 15 de octubre de 2005, más de la mitad de los reclusos del Pabellón 16 de la Unidad Penal Nº 28 de Magdalena murieron calcinados, al producirse un incendio, tras una revuelta que se inició por una queja de los internos y dio lugar a la violenta intervención de los guardias.
La quema de colchones, la posterior represión y los candados cerrados de la salida dieron paso al trágico hecho, según se desprende de la investigación penal preparatoria.
Por este hecho los padres y familiares de las víctimas realizaron numerosos reclamos en la puerta del penal, clamando “justicia, que se mejoren las condiciones en las cárceles y que no ocurran más hechos como éste”.
Los querellantes siempre manifestaron “las culpas de Estado por la superpoblación carcelaria, la ausencia de medidas de seguridad y la acción concreta de quienes decidieron mantener encerrados a los detenidos del pabellón 16”, acción esta que habría sido el desencadenante de las muertes.
