La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una resolución que impedía a representantes de la comunidad Qom actuar como querellantes en una causa en la que se investiga la muerte de dos integrantes de ese grupo de pueblos originarios ocurrida durante un reclamo por tierras en Formosa, en 2010, indicaron esta mañana fuentes judiciales.
Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda admitieron un recurso presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a los Qom, y ordenó que se dicte un nuevo fallo ante el pedido de la comunidad para apelar el sobreseimiento de dos policías acusados por las muertes.
Los magistrados del máximo tribunal del país coincidieron con el dictamen del procurador general adjunto Eduardo Casal, quien opinó que la denegatoria a ser querellante era errónea, pues “la presentación fue efectuada cuando el plazo útil para apelar aún no había expirado y el sobreseimiento, por tanto, no había adquirido todavía firmeza”.
Se trata del expediente en el que se investigan los hechos ocurridos el 23 de noviembre de 2010 “mientras se desarrollaba el corte de la ruta nacional 86 que en reclamo por sus tierras llevaban adelante desde hacía cuatro meses miembros de la comunidad indígena Qom ‘La Primavera'”.
En esa oportunidad “se constituyeron en el lugar agentes de la policía provincial, asistidos por un grupo de la Montada y miembros de Gendarmería Nacional” que tenían como objetivo “dar cumplimiento a dos órdenes de allanamiento” para terminar con el bloqueo del camino.
Se registraron episodios de violencia en los cuales “resultaron dos personas muertas y varios heridos”, y terminaron imputados 24 miembros de la comunidad indígena por los presuntos delitos de “atentado contra la autoridad a mano armada, lesiones leves y graves”.
En la causa judicial fueron sobreseídos dos policías acusados por homicidio y el cacique Félix Díaz imputado por “instigación a cometer delitos” y la fiscalía de Clorinda apeló la medida respecto del dirigente comunitario y consintió la desvinculación de los uniformados.
La viuda de uno de los aborígenes quiso apelar la medida, pero la justicia provincial, en todas sus instancias, la rechazó como querellante y le negó ese derecho en una resolución que ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento. (Télam)
