El juez federal Sebastián Casanelo pidió a la Secretaría de Minería y al gobierno de San Juan la documentación sobre los permisos para operar de la empresa Barrick Gold, en el marco de la investigación por el derrame de cianuro en la mina Veladero de San Juan, confirmaron fuentes judiciales a Online-911.
En la causa que se tramita en el juzgado federal Nº7, el fiscal Ramiro González abrió una investigación para determinar las responsabilidades del secretario de Minería, Jorge Mayoral; el presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé; el secretario ambiental provincial, Domingo Tello; y directivos de Barrick Gold.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (AAAAP) denunció que el 14 de septiembre pasado se rompió un caño maestro del proyecto minero El Veladero que Barrick tiene en San Juan, lo que provocó el derrame de 224 mil litros de cianuro en los ríos de la localidad de Jáchal.
El fiscal González pidió como medidas de prueba al juez Casanello que el gobierno de San Juan aporte las autorizaciones de exploración para Barrick y qué medidas se adoptaron a partir del incidente, que la secretaría de Medio Ambiente Nacional informe sobre estudios de impacto ambiental y si la empresa puede operar con explosivos, y que el ministerio de Salud diga si se tomaron medidas sobre la salud de las personas que pudieron ser afectadas con el cianuro.
En la segunda denuncia el fiscal Federico Delgado solicitó que se investigue a funcionarios nacionales, de San Juan y directivos de la empresa por los delitos de envenenamiento de aguas, propagación de enfermedades peligrosas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fiscal solicitó que se cite a declarar al director ejecutivo de Barrick, Guillermo Caló, para que dé explicaciones sobre el derrame, y que esa medida se tome de manera “urgente ya que han pasado diez días y el pueblo de Jáchal aún no sabe si puede beber el agua que alimenta a la comunidad”.
Por su parte, el juez Pablo Oritja levantó ayer la clausura a la planta de lixiviación, en una medida que despertó sorpresa y polémica.
Inicialmente, Oritja había clausurado por cinco días la operación, y hace tres la había extendido hasta el 22 octubre. En ese lapso, se conocieron tres cifras bien distintas del derrame en la cuenca del Jáchal: 15.000 litros, según circuló por las redes sociales; 224.000 litros, en un informe de Barrick para la provincia, y anteayer 1.000.000 de litros, en un comunicado oficial de la minera.
Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) reaccionaron en contra del juez. “Nos preocupan el hermetismo con el que se manejó el incidente, la escasa información sobre las circunstancias del hecho brindadas por las autoridades y las medidas de gestión de riesgo y manejo de contingencias utilizadas”, señalaron los ambientalistas en un comunicado.
Oritja le impuso ayer una serie de condiciones a Barrick para levantarle la clausura de las operaciones. Hacía un par de días le había autorizado suspender la entrega de dos litros de agua mineral a cada vecino de Jáchal, uno de los pueblos que podrían verse afectados por el derrame químico.
Por el secreto de sumario, el juez prefiere no dar detalles, pero se sabe que maneja tres hipótesis sobre el derrame de solución cianurada.
