Procesan a empresarios que proveían autos para “pincharuedas” colombianos

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La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional habilitó la feria judicial y confirmó los procesamientos dictados por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°46, Jorge De Santo, en la que se investiga a empresarios que entregaban autos a una banda de colombianos para cometer robos.

La investigación, realizada por División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (DIFOC) de la Policía Federal desbarató una banda de «pincharruedas» colombianos permitió descubrir un complejo entramado de sociedades comerciales que aparentemente protegían y brindaban logística a estas organizaciones que operan en el país, según informaron fuentes policiales a Online-911.

La investigación, en la que intervino el fiscal nacional en lo criminal Nº14 Andrés Madrea y en la que se detuvieron a nueve sospechosos más, entre ellos los dueños de las distintas agencias de alquiler de autos, que estarían vinculados con la banda criminal. La causa se inició el 13 de septiembre de 2013 cuando tres sujetos de origen colombiano intentaron asaltar a un automovilista bajo la modalidad conocida como «pincharruedas».

El 30 de junio pasado, el juez había hecho lugar al pedido del representante del Ministerio Público y decretó el procesamiento con prisión preventiva y embargos que ascienden a la suma de $1.700.000 para sus jefes, Máximo Alejandro Arteagaveytía y Diego Alejandro Plasencia, como autores del delito de asociación ilícita y participes de diversos robos agravados, como también a Daniel Ramón Plasencia, Carlos Alberto Segovia, Sabrina Gisela Leiva, Rodrigo Santillán y Claudio Daniel Acosta, todos responsables de las empresas de alquiler de vehículos “Keeping Moving Group S.A.”, “Gold Rent a Car”, “Mercocar Rent a Car”, “Tigger Rent a Car”, “Rent a Car Solutions” y “Easy Rent a Car Solutions”.

Las escuchas Telefónicas

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Las fuentes a Online911 precisaron que los autores se movilizaban en un Renault Logan que había sido alquilado en una agencia de Pilar. A partir de ese dato los investigadores comenzaron a recabar información sobre la empresa en cuestión. Y así fue como detectaron que los sospechosos alquilaban frecuentemente vehículos para la comisión de delitos en esa agencia y otras vinculadas a distintos familiares. Lo llamativo es que no sólo los delincuentes pagaban una tarifa menor, sino que los encargados de las agencias fraguaban documentación para simular un alquiler temporario y deslindar responsabilidades.

«Cuando alguno de los colombianos era detenido a raíz de un hecho delictivo y secuestrado la unidad automotriz con la que se movilizaban o bien surgían como consecuencia de los robos circunstancias adversas que los ponían en descubierto, desde estas empresas falsificaban los contratos de alquiler a fin de no quedar expuestos y vinculados a los detenidos o vehículos secuestrados, demostrando a las claras su pleno conocimiento de la actividad delictual de las personas que utilizaban estos automotores», detalló una fuente consultada por este portal.

Se logró establecer que al menos 50 automóviles de media y alta gama, algunos de propiedad de los mismos empresarios detenidos y otros de terceros inversores, se encontraban involucrados en la logística de distintas bandas que cometieron, al menos durante un año, múltiples hechos delictivos en el ámbito de la Ciudad Autónoma y el gran Buenos Aires, bajo las modalidades de “picharruedas”, salideras bancarias y saqueos de casas, algunos de los cuales se caracterizaron por su violencia, porque fueron ejecutados con armas o en banda, participando dos o más personas, delitos por los que, al menos en cuatro de esos casos, la Cámara también confirmó que deben responder como participes los empresarios detenidos ya que proveyeron los automóviles y sabían que iban a robar con ellos.

Las tareas de inteligencia realizadas por la Policía permitieron identificar a los responsables de este singular “servicio” de logística para robar. Por ello, a pedido de la Fiscalía, el juez Jorge De Santo, ordenó la realización de 12 allanamientos simultáneos, en los que se detuvo a diez personas, al tiempo que también se secuestraron varios vehículos nuevos, decenas de teléfonos celulares, computadoras y documentación de vehículos, entre la que figuran los contratos reales y los falsos.

Las escuchas telefónicas

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