Tiziano Ariel Diaz es un joven y próspero empresario argentino. Tiene doble nacionalidad y residencia oficial en Madrid. Pero cada vez que puede regresa a nuestro país para estar cerca de sus familiares. Desde hace unas semanas su rostro aparece entre las personas más buscadas de Interpol. Se exhibe junto a la de terroristas y criminales de guerra de distintas partes del mundo. A Díaz –que se hace llamar “El Padrino” en las redes sociales– se lo acusa de formar parte de una red de narcotraficantes internacional que envía cocaína a gran escala a España.
Con 31 años y pasaporte italiano es uno de los dos empresarios prófugos que tiene el caso “Manzanas Blancas II”, como se denominó al operativo que posibilitó el decomiso de casi 300 kilos de cocaína en la provincia de Río Negro, en junio pasado. El otro hombre buscado por Interpol es un ciudadano de origen español que tendría antecedentes por contrabando de drogas. Se trata de Angel Luis Salor Hoyas, de 50 años, y también con residencia en Madrid.
Salor Hoyas figura como gerente de la empresa argentina “Indinec SRL”, dedicada a la exportación, importación y comercialización de alimentos. En esa misma firma aparece como socio Omar Daniel Pancari, un empleado de la Legislatura porteña que trabajaba para el Bloque de la Coalición Cívica, y actualmente está procesado con prisión preventiva.
Según el Boletín Oficial, Salor Hoyas se asoció a Pancari en marzo de 2013. Debido a sus antecedentes, las autoridades policiales locales comenzaron a seguir las actividades del español en el país y monitorear las distintas sociedades comerciales que comenzó a formar.
En diciembre de 2014, por ejemplo, fundó otra empresa: Newen SRL, dedicada a la “explotación y administración de establecimientos agropecuarios, incluyendo producción, empaque y frigorífico de frutas”. En este nuevo emprendimiento se asoció a Gustavo Arnaldo, también empresario de General Roca y de 50 años, quien fue detenido por orden del juez federal subrogante de Río Negro, Jorge García Davini, aunque esta semana recuperó su libertad bajo una caución de 100 mil pesos.
En Madrid, Díaz figura como administrador suplente de la sociedad que conforma la empresa “Kiss Fruit Import SL”, dedicada a la importación, exportación, comercialización de productos de alimentación y bebidas. Su otra empresa es Industrias Cruxol Impex SL, con sede en Valencia, que se dedica al comercio al por mayor de frutas y hortalizas. En esa misma sociedad aparece otra vez Pancari.
Según fuentes judiciales, las sociedades Indinec, Newen e Industrias Cruxol Impex estarían relacionadas con el envío de 287 kilos de cocaína a Europa, descubierto el 4 de junio pasado por personal de la Aduana de Villa Regina. Los voceros señalaron que las cajas de manzanas con droga habrían sido despachadas por Newen. El destino final era Valencia, donde debían ser entregadas a “Industrias Cruxol Impex”, la firma de los argentinos Díaz y Pancari.
De acuerdo a un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, Díaz entró al país por última vez el 10 de marzo de 2013 y salió siete días después. Salor Hoyas, en cambio, ingresó por última vez el 28 de abril pasado, y abandonó Argentina el 16 de mayo de 2015, ambos con procedencia y destino España.
Un dato que llamó la atención de los investigadores es que los accionistas de la empresa Newen estaban al tanto de que todos los productos que exportaran debían pasar por un estricto control aduanero, debido a los antecedentes que poseía uno de los integrantes de la firma. Según la AFIP, “las destinaciones de la empresa Newen SRL cursaron por canal rojo de selectividad, con perfil de operador muy riesgoso, complementando con una alerta destinación oficializada, por tratarse de un operador nuevo y cuyo destino tenía posible riesgo de narcotráfico”.
Los dos detenidos que tiene la causa (además de Pancari fue apresado Tany Cortez Molina, un ciudadano boliviano de 34 años y único empleado del frigorífico de la empresa “Frutas Kis”, donde se sospecha habría sido cargada la droga) están procesados por los delitos de “contrabando de estupefacientes con destino a comercialización, agravado por el concurso de tres o más personas, en grado de tentativa”. A cada uno de ellos, y por orden del juez Davini, se les trabó un embargo por 99 millones de pesos, un número que muestra la dimensión de la maniobra delictiva.
