El fiscal que investiga las 24 muertes y más de 80 intoxicaciones por la ingesta de cocaína adulterada con carfentanilo en el noroeste del conurbano bonaerense pidió hoy a la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (Procunar) que se sume a la pesquisa, mientras aguarda que se resuelva su planteo para que el expediente pase al fuero federal, informaron fuentes judiciales.
El pedido fue elevado por el fiscal Germán Martínez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 del Departamento Judicial San Martín al titular de la Procunar, Diego Iglesias.
Una fuente judicial explicó a Télam que el organismo nacional ya está brindando colaboración e intercambiando información.
De acuerdo con los voceros, Martínez aguarda, en tanto, que en las próximas horas el juez de Garantías de ese Departamento, Mariano Grammatico Mazzari, se expida sobre el pedido que hizo la semana para declinar su competencia y que la causa pase al fuero federal.
El juez ya le corrió vista a las defensas de los seis imputados detenidos en este caso para que brinden su opinión, y luego definirá si coincide con el planteo y envía el expediente por las muertes e intoxicaciones a los juzgados federales de Morón o Tres de Febrero, que ya tenían otras causas que pueden estar ligadas a la misma organización criminal.
En el dictamen, el fiscal argumentó que “la pluralidad de intervinientes de al menos seis personas con desarrollo de distintos roles dentro la organización delictiva, como ser vendedores, custodios que ofician de ‘seguridad’, los denominados ‘satélites’ que alertan la presencia policial, los encargados de la guarda y ocultamiento de gran cantidad de droga fraccionada en nylon termosellado (más de 3.700 entre ambos lugares); dan cuenta de una organización compleja”.
También definió a la droga que la banda comercializaba en el asentamiento Puerta 8 de Tres de Febrero como un “arma letal” y sostuvo que “la investigación de los homicidios cometidos no puede escindirse de la competencia federal originaria sobre la Ley 23.737”.
En esta causa hay seis personas que fueron detenidas en el búnker del asentamiento Puerta 8 donde se vendió la droga adulterada: Nicolás Matías Campos (18), Luis Alberto Rodríguez (26), Iván Daniel Ávalos (21), Mauricio Adrián Balcarce (29), Gabriel Héctor Faudez (47) y Priscila Micaela Faundez (19).
Todos ellos están imputados de “tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia ilegal con fines de comercialización agravada por la pluralidad de intervinientes en forma organizada, en concurso real con homicidio simple reiterado en al menos seis oportunidades y tentativa de homicidio simple reiterado en al menos 10 oportunidades”.
El juez Grammatico Mazzari, al resolver que estos seis acusados quedaran presos, le sugirió a la fiscalía agravar la calificación a “homicidio calificado por el uso de veneno como método insidioso”.
Paralelamente, el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, tiene a cargo una causa conexa derivada de una investigación del año pasado impulsada por la Procunar y que luego de las muertes e intoxicaciones de hace diez sumó siete detenidos.
Uno de ellos es Joaquín “El Paisa” Aquino, señalado como el sucesor del preso narco Miguel Ángel “Mameluco” Villalba e investigado por la procedencia de la cocaína adulterada.
En el mismo expediente también está detenido Aldana Benítez, pareja del “Paisa”; Mónica Altamirano, hermana de la mujer; Alberto Medina, pareja de la segunda de las mujeres, Julio César Ferrari; Marcelo Canhue; y Jonathan Granero.
En tanto, el jueves pasado se conocieron los primeros resultados de los peritajes sobre las muestras de cocaína adulterada, los cuales arrojaron que las mismas contenían “carfentanilo”, un opioide 10 mil veces más fuerte que la heroína y el fentanilo.
