Un fiscal salteño pidió la pena de diez años de prisión para el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, en el marco del segundo juicio que afronta por beneficiar a narcotraficantes desde su función, informaron fuentes judiciales.
“Era el director de la banda. Había convertido el juzgado en Ducado, donde nada se hacía sin que él lo ordenara”, afirmó el fiscal general de Salta, Carlos Amad, al referirse al ex magistrado y las maniobras por las que llegó a debate en el segundo juicio que se le realiza por hechos de corrupción.
En el primero, Reynoso fue condenado a la pena de 13 años de prisión por concusión y prevaricato, el 26 de marzo de 2019.
Luego de tres semanas de audiencias, en las que prestaron declaración más de 40 testigos y se resolvieron distintos planteos, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por Domingo Batule y Abel Fleming, dio paso a los alegatos.
Amad solicitó una condena de 10 años de prisión para el ex magistrado por considerarlo coautor de los delitos de cohecho pasivo, falsificación de instrumento público y concusión, y valoró la investigación previa que permitió llegar al juicio, que dejó en evidencia los delitos cometidos por Reynoso desde el Juzgado Federal de Orán, con la connivencia de empleados, abogados y otros funcionarios.
Para Amad no hay dudas de que se trató de “una maniobra espuria” del ex juez, dirigida a “sacarle dinero a (el narcotraficante Delfín) Castedo a cambio de evitar su detención, utilizando para ello la falsificación de actos procesales”.
En su alegato, el fiscal relató otra maniobra de corrupción presuntamente desplegada por Reynoso, esta vez con la complicidad de su ex cuñado, Arsenio Gaona, quien se encuentra prófugo desde 2018, cuando se escapó del primer juicio realizado en contra del ex magistrado.
De acuerdo a Amad, el ex juez directamente “institucionalizó” una coima que pagó el comerciante Pablo Elías Torres, quien buscó a cambio el permiso para que varios camiones con mercadería traspasaran la frontera de Bolivia a Argentina hacia su finca El Cebilar.
Para que esto suceda, Reynoso acordó un convenio con Torres, en el que el comerciante pactó pagar un 5 por ciento del beneficio económico a la Fundación Para Una Vida Mejor, un entidad que “era dirigida nada menos que por Gaona, el entonces cuñado del ex juez”.
De esta manera, el fiscal aseguró que “se causó un enorme daño a la economía de la provincia y del país con la evasión fiscal avalada por Reynoso”.
Además de Reynoso y Castedo, también son enjuiciados el abogado Luciano Ciscato y el empleado judicial Miguel Saavedra.
Para Ciscato, el fiscal Amad solicitó cuatro años de prisión por los delitos de cohecho activo y falsificación de instrumento público en calidad de partícipe necesario, misma cantidad que requirió para Castedo.
En tanto, para Saavedra también pidió cuatro años de cárcel por el delito de cohecho pasivo.
Por su parte, las defensas de Ciscato, Castedo y Saavedra solicitaron la absolución de sus defendidos y hoy el TOF 2 escuchará los alegatos de los abogados del ex juez, para luego dar a conocer el veredicto.
