La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispuso que los fiscales y defensores reevalúen las medidas de coerción cuando impliquen trato cruel, inhumano o degradante y ordenó que controlen los tiempos de la prisión preventiva de detenidos para que se resuelva oportunamente la situación de esas personas.
Una fuente de ese organismo explicó que la medida está contemplada en una resolución del Procurador Julio Conte Grand y precisó que en la misma “se instó a los miembros del ministerio público a hacer una reevaluación de las medidas de coerción cuando implicaran trato cruel, inhumano o degradante”.
También pidió que utilicen “todas las modalidades que prevé la ley en materia de morigeración de prisión preventiva o sus alternativas, siempre que sea posible de acuerdo a cada caso en particular”.
Además, ordenó a los miembros del Ministerio Público Fiscal (MPF) a extremar los controles de la prisión preventiva para que se resuelva en el tiempo oportuno la situación de las personas que se encuentran bajo esta medida.
Esta resolución de la Procuración forma parte de una serie de acciones que propone el gobierno bonaerense para aliviar la superpoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires que provocó una huelga de hambre de casi 15 días de unos 9000 internos.
Esta medida de fuerza se levantó hace tres días, según anunció el propio gobernador provincial, Axel Kicillof, quien aseguró que las cárceles bonaerenses “se encuentran en una situación crítica y por eso decidimos avanzar desde el primer día de gestión en políticas que reviertan la crisis humanitaria que atraviesan”.
Y aclaró que continuará “trabajando en la Mesa Interinstitucional de Diálogo que instrumentó el ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak, junto a los demás poderes del Estado, la Iglesia Católica y organismos de derechos humanos para encontrar soluciones estructurales”.
A su vez, el viernes la Suprema Corte de Justicia convocó a todos los jueces para analizar la crisis carcelaria.
“La convocatoria se efectúa frente a la preocupante situación de las personas privadas de la libertad alojadas en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense; y en el marco de diversas medidas adoptadas por la Suprema Corte de Justicia, como así también en el desarrollo de la Mesa Interinstitucional de Diálogo llevada adelante el pasado 19 de diciembre”, indicó la Corte.
