Una fiscal pidió que se investigue por qué Asuntos Internos de la Bonaerense la espiaba

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Una fiscal de juicio de La Plata, víctima de presunto espionaje ilegal por parte de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, pidió se esclarezca por qué fue investigada “en forma irregular”, informaron fuentes judiciales.

Se trata de la fiscal Silvina Langone, quien actuó en el juicio por la denominada triple fuga de los hermanos Christian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci del penal de máxima seguridad de General Alvear, y esta tarde brindó declaración testimonial ante el fiscal platense Marcelo Romero.

“No conozco a Guillermo Berra (titular de Asuntos Internos), quiero que se esclarezca y determine por qué fui investigada en forma irregular”, expresó al declarar ante Romero.

“Tanto mi marido como mi hijo (también presuntamente espiados) están a disposición por si es necesario que declaren”, agregó la fiscal, quien explicó que se que se va a llevar a cabo una pericia sobre los discos duros secuestrados en Asuntos Internos.

La causa que investiga el presunto espionaje a la fiscal y otros funcionarios judiciales de La Plata se inició luego de un allanamiento realizado el 22 de octubre pasado en la sede de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial, en la calle 51, entre 10 y 11 de La Plata.

Ese operativo había sido solicitado por la fiscal Cecilia Corfield en el marco de otra causa que investigaba el presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de Berra.

Esa denuncia fue radicada por el comisario Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la Policía bonaerense, quien dejó su cargo en 2016 luego de ser denunciado por Asuntos Internos por irregularidades en su declaración jurada.

Allí constaba que poseía siete propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos, bienes que no podría haber adquirido con su sueldo mensual de 48.000 pesos.

En su denuncia, Martin acusó a Berra de “poner en marcha un plan sistemático de persecución y hostigamiento respecto de diversos funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del gobierno anterior”.

Las maniobras, según Martín, que incluyeron la difusión mediática de “información falsa y tareas de inteligencia encubiertas respecto de sus familiares que no revisten ni han revestido jamás estado policial”.

Durante aquel allanamiento en Asuntos Internos, los investigadores secuestraron elementos que hicieron sospechar de la existencia de supuestos actos de espionaje cuyas víctimas eran fiscales y otros funcionarios judiciales.