Un supervisor de capataces del área de Espacio Público de la Municipalidad de San Isidro fue denunciado por una barrendera de 27 años por los delitos de abuso sexual y acoso laboral.
La víctima trabajó tres meses en San Isidro y en marzo de 2018 fue trasladada a la localidad de Beccar, donde conoció a Walter Mansilla. A partir de ese momento su trabajo se convirtió en un calvario.
“Desde ese momento, el acoso empezó a ser parte de mi vida cotidiana. Empezaron siendo pequeñas cosas como seguirme, decirme cosas atrevidas, mandar al resto de los compañeros a la calle para que yo me quede sola con él en la base, decirle a todos que quería ser mi amante”, contó la mujer al diario Página/12.
La barrendera recordó que al poco tiempo comenzó a recibir amenazas. “Como los contratos eran de 3 meses, cuando se estaban por terminar me encerraba en su oficina y me decía que me iban a dar la baja, que eso era muy grave porque yo tenía dos hijos que mantener, y que él me ofrecía hacerme el favor de salvarme si yo le hacía el favor de tener sexo con él. Esto también lo hacía con otras chicas”, denunció la joven.
En noviembre, cuando su contrato estaba cerca de vencer nuevamente, Mansilla la llamó a su oficina. “Me dijo que me habían dado de baja el contrato pero que él me podía salvar. Esa vez, a diferencia de las anteriores, se me tiró encima, me tocó mis partes íntimas y me quiso besar. Quiso abusar de mi. No sé cómo hice pero llegué a zafarme y a abrir la puerta. Salí corriendo y atrás mío salió él gritando que me iba a ir a buscar”, relató.
Ayer, Mujeres Sindicalistas Zona Norte, Frente de Mujeres del Movimiento Evita, Movimiento Disidente Zona Norte y Espacio de Géneros de Nuevo Encuentro realizaron una conferencia de prensa para repudiar el despido de la trabajadora, exigir su inmediata reincorporación y reclamar la separación de Mansilla de su cargo.
“El municipio es responsable, el intendente Gustavo Posse no puede mirar para otro lado y favorecer al acosador”, sostuvieron las organizaciones, que exigieron “la aplicación de un protocolo de intervención para las denuncias sobre los casos de violencia, abuso o violación”, la “profundización de la implementación de la Ley Micaela” y el fin de los “contratos basura” porque, concluyeron, “la precarización laboral también es violencia”.
