Cinco hombres, tres de ellos ciudadanos peruanos, fueron condenados a penas de hasta 17 años de prisión, acusados de haber secuestrado a un comerciante en 2017 en el barrio porteño de Balvanera, y el tribunal ordenó devolverle a la víctima el dinero y hasta un auto importado secuestrado a la banda durante los allanamientos porque no puede afrontar las deudas que le quedaron tras el hecho.
Durante el debate oral, la víctima -de quien no se dio a conocer su identidad- relató que tras el secuestro cambió sus hábitos, pasó a ser “un muerto en vida”, que no quiso contar el episodio a sus padres porque temía que tuvieran “un infarto”, y que cree que el fallecimiento de su madre se produjo cuando supo lo que le había ocurrido.
Fuentes judiciales informaron que la sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 y la mayor pena recayó en el ciudadano peruano Erick Bedriñana Escalante, quien recibió 17 años de cárcel como autor del delito de “secuestro extorsivo”.
Sus connacionales Juan Manuel Mendoza Navarro (reincidente) y Wilmer Soto Huaman fueron condenados a 16 y 12 años de prisión como coautores.
En tanto, el TOF 8 condenó a Pedro Cristian Emanuel Portillo a la pena de seis años de cárcel, ya que a poco de ser detenido se arrepintió y declaró como “imputado colaborador”, mientras que Fortunato Pariente recibió la pena de cinco años de cárcel.
Además, los investigadores determinaron que otros dos ciudadanos peruanos huyeron a su país de origen y, según las fuentes, se tramitan sus procesos de extradición.
Los cinco hombres fueron condenados por un secuestro extorsivo que ocurrió la noche del 29 de junio de 2017 cuando un comerciante fue capturado a metros de su domicilio en el barrio de Balvanera.
Según determinaron los pesquisas, el comerciante permaneció cautivo durante un día en una casa de la Villa 31, en el barrio Retiro, hasta que fue liberado luego que su esposa entregara como rescate algo más de 20.000 dólares y unos 120.000 pesos que tuvo que pedir prestados.
Antes, el hombre había sido golpeado y herido por sus secuestradores y mientras permaneció privado ilegalmente de su libertad estuvo amordazado, encapuchado y con las manos atadas.
Los pesquisas establecieron que las llamadas extorsivas fueron realizadas desde el teléfono móvil de la víctima, con mensajes que indicaban juntar más dinero (la exigencia original fue de 100.000 dólares) y advertían que, en caso de avisar a la policía, iban a matar al comerciante.
De acuerdo a las pruebas producidas durante el debate oral y público al día siguiente de la liberación del comerciante, sus secuestradores se repartieron el botín.
La víctima relató durante el juicio sus padecimientos durante las horas de cautiverio y afirmó que el secuestro le cambió su vida y pasó a ser “un muerto en vida”.
La esposa del comerciante contó que su casa se transformó en una cárcel, que su esposo redujo toda su actividad, que el matrimonio mantiene deudas por el dinero que recibió prestado, ya no pueden cubrir la obra social y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le reclama tributos que debieron dejar de pagar por falta de dinero.
En coincidencia con el fiscal que intervino en el juicio, el TOF 8 tuvo por acreditado que los condenados tuvieron coautoría o participación en la “sustracción, retención y ocultamiento” del comerciante.
La sentencia condenatoria fue firmada por los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y María López Iñiguez, quienes dispusieron entregar a la victima el dinero recuperado en allanamientos y un automóvil de marca alemana incautado a los delincuentes.
