La Justicia Federal confirmó el procesamiento del ex juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, así como de dos secretarios de ese estrado y de cuatro abogados acusados de integrar una organización dedicada al cobro de coimas para beneficiar a narcotraficantes, informaron fuentes judiciales.
La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, dispuso confirmar los procesamientos del ex juez Soto Dávila, así como de los secretarios penales del juzgado federal 1 de Corrientes, Federico Grau y Pablo Molina, y de los abogados Omar Antonio Serial, Gregorio Giménez, Duylio Barboza Galeano y Tomás Viglione, acusados de integrar una asociación ilícita destinada al supuesto cobro de coimas.
En la misma resolución, el tribunal dispuso la liberación de los abogados Giménez, Barboza Galeano y Viglione, y confirmar la prisión preventiva del ex magistrado, así como de Serial y los secretarios del juzgado correntino.
La medida dictada este miércoles en los tribunales de Comodoro Py en el barrio porteño de Retiro, también confirma la detención del ex juez Soto Dávila y la convirtió en prisión preventiva, que actualmente cumple en forma domiciliaria en la capital correntina.
Por otra parte, se ratificaron los embargos de los bienes de los imputados por los montos de $20.000.000 en el caso del juez, $13.000.000 en el de los secretarios, $9.000.000 para Barboza Galeano y $3.500.000 para Serial.
La disposición de la Sala 1 de la Cámara Criminal representa una ratificación de los procesamientos, prisiones y embargos decretados en la primera etapa de la investigación por el juez en lo Criminal y Correccional Federal 12 de Buenos Aires, Sergio Torres, que sigue el caso como un desprendimiento del caso antinarcotráfico conocido como “Operativo Sapucay”.
En este tramo se siguen las supuestas coimas que habrían percibido los funcionarios judiciales y en una proporción los abogados de los narcotraficantes acusados de contrabandear marihuana desde la localidad correntina de Itatí.
Los referidos abogados y secretarios judiciales fueron detenidos en diciembre último y el juez Soto Dávila pasó a cumplir prisión domiciliaria en febrero pasado luego de renunciar y por lo tanto perder la inmunidad de arresto, luego de ejercer por 23 años el juzgado federal con competencia electoral de la capital correntina.
