Integrantes de la banda delictiva Los Monos “pagan entre 2.500 y 4.000 pesos” a encargados de atacar a tiros frentes de edificios judiciales e inmuebles relacionados con magistrados y fiscales que actuaron en juicios en su contra, según indicó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
“El sistema es simple y perverso, porque se trata de un pago de entre 2.500 y 4.000 pesos a personas que van y tirotean un determinado lugar, mandados directamente por Los Monos”, sostuvo la funcionaria en declaraciones a Radio La Red.
Bullrich admitió que los juicios que condenaron a los líderes de Los Monos “han generado una saga de tiroteos en distintas partes de Rosario intentando amedrentar a jueces”.
Por otro lado, destacó el trabajo conjunto de efectivos de fuerzas federales con la Policía de Santa Fe para detener a varios de los responsables de los ataques.
Bulrich precisó que en los últimos días las fuerzas federales estuvieron trabajando fuertemente en el tema y lograron detener a varias personas presuntamente vinculadas a estos ataques, mientras se continúan haciendo “investigaciones profundas” para llegar a todos los responsables.
“No necesariamente estas personas pertenecen a la banda, entonces se hace más complejo, estamos cubriendo todas las partes céntricas de Rosario donde puedan ocurrir, son muchos objetivos, estamos trabajando para tratar de prever esto con un comando unificado”, añadió sobre el mismo tema.
El último de la extensa saga de ataques denunciados y adjudicados a Los Monos, iniciada en mayo pasado, fue una balacera contra la casa y dos autos de un policía que trabaja como custodio de la diputada nacional y ex jueza penal Alejandra Rodenas, el sábado en el barrio Belgrano de Rosario.
Como la legisladora fue una de las funcionarias que trabajó en la investigación de la banda de Los Monos —y quien finalmente dictó los procesamientos por asociación ilícita y por el crimen de Diego Demarre— no se puede descartar que el ataque se inscriba en la saga de balaceras intimidatorias contra jueces y funcionarios que participaron de esa pesquisa y posterior juicio.
El atentado ocurrió en Colombia el 700 donde el policía de la División Judiciales Ariel B., de 42 años, vive con su familia; en el lugar se recogieron 16 vainas servidas que al parecer fueron lanzadas desde un auto ya identificado.
