La mayoría de los policías detenidos acusados de integrar una red delictiva que extorsionaba a comerciantes del sur del conurbano bonaerense y les solicitaba dinero para no secuestrar sus mercaderías, se negó a declarar hoy en los tribunales de Lomas de Zamora, informaron fuentes judiciales.
Las indagatorias, que comenzaron cerca del mediodía y continuaban esta noche, estuvieron a cargo del fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera.
Según precisaron los voceros a Télam, todos los detenidos se negaron a declarar salvo el comisario mayor Marcelo Maurino, de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Bonaerense, quien negó los hechos que se le imputan y afirmó ser “ajeno” a la operatoria descubierta tras la investigación.
Los otros detenidos en la causa son Gustavo Rodolfo Morán, comisario mayor y jefe de la DDI Lanús-Avellaneda; el comisario mayor Esteban Alberto Lofeudo y el subcomisario Cristóbal Rubén González, quien se desempeñaba en la misma DDI.
También fueron apresados el oficial principal de la DDI Lomas de Zamora Bruno Nicolás Shporluk; el oficial subinspector de la comisaría 2da. de Lomas, Alberto Damián Tévez; el mayor Roberto Cayetano Romero, quien se desempeñaba en la Dirección Provincial del Delito contra la Propiedad Automotor y el capitán de la Superintendencia de Seguridad región AMBA Oeste, Carlos Gómez.
Además, se procedió a la detención del capitán de la Base Comando de Patrulla La Matanza Centro, Alberto Claudio Ramírez; el teniente de la Dirección Provincial del Delito contra la Propiedad Automotor, José María Mattos;, el segundo jefe de la Jefatura Departamental La Plata, comisario mayor Rubén Cañete, y uno de sus subalternos, Norberto Alfredo Benítez.
Los otros apresados son Leonardo Ezequiel Brandán, quien había sido exonerado de la fuerza y es primo de Tévez, ambos sospechosos de ser los cabecillas de la organización delictiva, y los civiles Luis Marcelo Villarreal y Roberto Lezcano.
La acusación que recae sobre todos los detenidos es la exigencia de dinero a comerciantes para no realizar inspecciones, a delincuentes para “dejarlos trabajar” y a puesteros de las ferias de La Salada, Olimpo y Villa Domínico a cambio de no secuestrarles la mercadería.
Scalera destacó que durante la investigación se lograron constatar “hechos determinados” de la forma en que actuaban los acusados para obtener dinero, como amenazas y agresiones físicas contra sus víctimas.
La red de recaudación tenía una lista de comerciantes a los que visitaba regularmente para cobrarles una “cuota” y esto sucedía en forma semanal o mensual, dependiendo del “arreglo” previo.
En el marco del expediente, ayer se realizaron en total 22 allanamientos en domicilios de las localidades de Lomas de Zamora, Bosques, Isidro Casanova, San Vicente, Villa Centenario, Merlo, Olivos, Florencio Varela, San Francisco Solano, Burzaco, La Tablada, Claypole, Ringuelet, González Catán y Banfield.
Además, se concretaron otros tres donde se secuestraron celulares, equipos de computación y documentación de importancia para la causa.
Tras una amplia investigación, que tuvo su epicentro en la intervención de líneas telefónicas, se constató la actividad ilícita por parte de efectivos de las DDI de Lomas de Zamora y de Avellaneda-Lanús, de la Jefatura Departamental San Vicente y de la Comisaría de Presidente Perón (Guernica), dependencias policiales que fueron requisadas en el marco de la causa.
La investigación se inició en 2016, a partir de una denuncia anónima por parte de uno de los comerciantes perjudicados ante la seccional décima de Lomas de Zamora.
