El ministerio de Seguridad bonaerense pasó a retiro al Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial, comisario mayor Adrián Manzi, tras la investigación que detectó una banda mixta de policías y civiles, acusada de
recaudar dinero de forma ilegal e ilegítima a través de la extorsión en distintas localidades del conurbano.
Una fuente de la cartera de seguridad precisó que a Manzi se le objeta no detectar el comportamiento del grupo de los policías y civiles de la Departamental de Investigaciones (DDI) detenidos en la zona sur del Conurbano, en particular Lomas de Zamora, Avellaneda y Quilmes.
Por ello, se le inició un sumario en la Dirección de Asuntos Internos y se designó en su reemplazo a Alfredo de Chiara, hasta ahora titular del área de combate al tráfico de drogas ilícitas y crimen organizado en Junín, quien comandó la investigación.
El vocero detalló que si jefes de las “DDI cayeron en una banda, es lógico que se ponga en análisis la conducta de su superior”, aunque aclararon que “hasta ahora es solo el sumario interno y no está nombrado en la causa judicial, contra los policías”.
Según fuentes de la investigación, que lleva adelante el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, los implicados en la banda están acusados de exigirles dinero a comerciantes para no realizar inspecciones, a delincuentes para “dejarlos trabajar” y a puesteros de las ferias de La Salada, Olimpo y Villa Domínico a cambio de no secuestrarles la mercadería.
Scalera destacó que durante la investigación se lograron constatar “hechos determinados” de la forma en que actuaban los acusados para obtener dinero, como amenazas y agresiones físicas contra sus víctimas.
La red de recaudación tenía una lista de comerciantes a los que visitaba regularmente para cobrarles una “cuota” y esto sucedía en forma semanal o mensual, dependiendo del “arreglo” que se hubiese hecho previamente.
La organización criminal estaba integrada por personal policial de diversas jerarquías, desde comisarios a cargo de Direcciones Departamentales hasta suboficiales y por civiles que, según se desprendió de la pesquisa, actuaban como si fuesen miembros de la fuerza.
A partir de un trabajo en conjunto de la Policía Bonaerense, Gendarmería Nacional, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Justicia, se logró desarticular esta asociación ilícita que recaudaba dinero de forma ilegal e ilegítima a través de la extorsión y operaba en distintas localidades del conurbano.
Se realizaron en total 22 allanamientos en domicilios de las localidades de Lomas de Zamora, Bosques, Isidro Casanova, San Vicente, Villa Centenario, Merlo, Olivos, Florencio Varela, San Francisco Solano, Burzaco, La Tablada, Claypole, Ringuelet, González Catán y Banfield.
Además, se concretaron otros tres allanamientos donde se secuestraron celulares, equipos de computación y documentación de importancia para la causa, informaron fuentes judiciales.
Tras una amplia investigación, que tuvo su epicentro en la intervención de líneas telefónicas, se constató la actividad ilícita por parte de efectivos de las DDI de Lomas de Zamora y de Avellaneda-Lanús, de la Jefatura Departamental San Vicente y de la Comisaría de Presidente Perón (Guernica), dependencias policiales que fueron requisadas en el marco de la causa.
