Demoran a un comisario por aprietes a un testigo en un juicio a siete policías

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El tribunal que lleva adelante el juicio contra siete policías por el crimen del joven Daniel Solano, desaparecido en 2011 en la localidad rionegrina de Choele Choel, ordenó demorar a un comisario por presuntos “aprietes” a un testigo que había declarado en el debate.

Según informaron fuentes del Ministerio Publico Fiscal provincial, se trata del comisario mayor Gedeón Parra, quien actualmente se desempeña en la Unidad Regional V de Cipolletti y a quien mañana se le formularan cargos.

Parra no está imputado en el juicio, pero estaba a cargo de la Unidad VIII de Choele Choel al momento de la desaparición de Solano y por lo tanto, era jefe de los policías que están siendo juzgados en este debate oral.

El arresto se dispuso luego de que la querella exhibió en la sala de audiencias un video de una entrevista a un taxista que prestó declaración como testigo hace algunos días y que afirmaba que lo habían amenazado en el hall de acceso a Tribunales para que cambiara su testimonio.

“Vos esa noche no lo viste a Berthe”, le habría dicho el comisario mayor al hombre, en referencia a Sandro Gabriel Berthe, implicado en la causa.

La fiscal Teresa Giuffrida dictaminó que es “una verdadera obstaculización del proceso” y avaló el pedido contra el comisario, que fue demorado en el hall, donde se lo había visto en el días previos con los imputados.

Los jueces de la Cámara Segunda en lo Criminal de General Roca, María Evelina García Balduini, Gastón Martín y Oscar Gatti, realizan desde el 20 de febrero último el juicio por la desaparición de Solano (25), ocurrida el 5 de noviembre de 2011 a la salida de un local bailable de Choele Choel.

Según la acusación fiscal, se da por acreditado mediante pruebas que los siete imputados privaron ilegítimamente de la libertad a Solano cuando salió del boliche, lo mataron y arrojaron su cuerpo en un lugar que todavía no fue determinado.

Los imputados son Berthe, Pablo Federico Bender, Juan Francisco Barrera, Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel, Diego Vicente Cuello y a Héctor César Martínez, todos ellos efectivos de la policía de Río Negro.

La hipótesis de la familia es que el joven, oriundo de Tartagal (Salta), fue asesinado porque un día antes denunció las malas condiciones a las que era sometidos tanto él como sus compañeros, quienes se dedicaban a la cosecha de manzanas.

De hecho su padre, que murió después de que empezara el juicio, impulsó la búsqueda de su hijo en un jagüel ubicado en un campo donde creen que podrían estar los restos del joven, trámite que se realiza en forma paralela al juicio.