Un fiscal pidió que se condene a 10 años de prisión a un juez de la ciudad pampeana de General Acha por haber efectuado un aporte “esencial” en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual de al menos siete mujeres en situación de vulnerabilidad en un prostíbulo local.
La solicitud fue realizada en el marco de un debate oral en el que son juzgados el juez de Faltas Sebastián Sancho (40); la dueña del local “El Delfín”, Marta Silva (45), y su hijo, Carlos Silva (25), para quienes el fiscal Leonel Gómez Barbella reclamó 12 y 11 años de cárcel, respectivamente.
Según informó la página Fiscales, Gómez Barbella, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral de Santa Rosa, también pidió el decomiso del prostíbulo para su posterior entrega a actividades con fines sociales.
La causa tuvo su inicio en 2011 y el 11 de noviembre de ese año, tras un allanamiento que constató la presencia de mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución, la fiscal Marta Odessa ordenó la clausura preventiva del local, ubicado sobre la ruta 152, kilómetro 27,5 de General Acha.
De acuerdo a la acusación fiscal, Sancho, en su carácter de juez regional de Faltas desde 2006, “dispuso en tiempo récord y sin tomar el mínimo recaudo legal el levantamiento de la clausura, lo que permitió que continuara el desarrollo de la actividad delictiva que allí tenía lugar”.
Al alegar, Gómez Barbella remarcó que el mismo día del allanamiento Sancho “ordenó el levantamiento de la clausura sin verificar las circunstancias que rodearon el cierre del local, provocando así que en el lugar continuará la actividad delictiva”.
En función de ello, el fiscal hizo referencia a las obligaciones que tiene el Estado argentino en los hechos de corrupción de un funcionario público al haber adherido a instrumentos como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de la ONU.
Luego, requirió que sea condenado por su “participación necesaria” en los hechos a la pena de diez años de prisión, ya que sin su “esencial” aporte, el local “El Delfín” no podría haber continuado con la conducta delictiva.
Además, el fiscal solicitó que su situación sea comunicada al intendente de General Acha y al Consejo de la Magistratura de La Pampa.
Con respecto a los Silva, Gómez Barbella entendió que son coautores de corrupción agravada por el empleo de amenazas en concurso ideal con trata de personas en modalidad de traslado, recepción y acogimiento.
La Fiscalía sostuvo que a través de los testimonios y de la gran cantidad de pruebas ventiladas en el debate quedó debidamente acreditado que las víctimas realizaban “pases” y que fueron explotadas sexualmente en el marco de una fuerte situación de vulnerabilidad.
Al respecto, describió las dificultades económicas que motivaron que muchas de ellas emigraran desde su provincia o país de origen y que incluso una de las víctimas fue objeto de amenazas para que continuara con la actividad.
Además del mencionado operativo, en junio de 2012 se realizó otro luego de la denuncia efectuada por una víctima que había recibido una agresión por parte de un “cliente” que se encontraba en el lugar.
Nuevamente se corroboró la presencia de mujeres que eran explotadas, además de secuestrarse el denominado “libro de pases”, libretas sanitarias y talonarios dentro de un recipiente con anotaciones de nombres de pila femeninos, entre otros elementos de interés para la causa.
En la misma causa hubo dos funcionarios públicos investigados: María Elena García y Luis Javier Bassa, quienes se desempeñaban como intendenta de General Acha y ex secretario de Gobierno del municipio, respectivamente, pero ambos fueron sobreseídos.
Esta decisión fue apelada por la fiscalía, pero en 2015 la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la medida y en 2016 se declaró extinguida la acción penal por prescripción de los delitos.
Si se encuentra responsable al juez municipal, será la tercera condena de un funcionario público de La Pampa por su vinculación con la trata de personas, ya que en junio pasado, el jefe comunal de Lonquimay, Luis Rogers, fue condenado a cinco años de prisión y en 2013, el por entonces edil de Colonia 25 de Mayo, David Bravo, recibió una pena de siete meses en suspenso.
Mientras tanto, el intendente de Macachín, Jorge Luis Cabak, y el ex comisario local serán sometidos a juicio oral como acusados de brindarle protección a una banda dedicada al mismo delito.
