Dos policías bonaerenses fueron condenados este viernes a penas de un año y un año y dos meses de prisión en el marco de la causa por la muerte de los integrantes de la familia Pomar.
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La condena es por la “desidia” en la que incurrieron al haber falsificado actas del rastrillaje para localizar a la familia Pomar, que murió en 2009 en un accidente cerca de la ciudad de Salto y fue hallada recién tras 24 días de búsqueda.
El veredicto fue dado a conocer esta tarde por el juez correccional Carlos Picco, del departamento judicial Pergamino, quien en los fundamentos del fallo destacó que “la familia Pomar no fue buscada como se debía” y que “los rastrillajes fueron deficientes”.
El magistrado condenó a un año y dos meses de prisión en suspenso al ex comisario Daniel Fabián Arruvito y a un año de prisión en suspenso al ex teniente Luis Quiroga por el delito de “falsedad ideológica de instrumento público”, en tanto que se absolvió al ex teniente Benito Barcos, el único de los tres que sigue en actividad.
Al momento de los hechos, los tres se desempañaban en la Patrulla Rural de Pergamino y en el destacamento de Gahan, distante 20 kilómetros.
“Estamos conformes con las condenas si bien no son los montos que habíamos pedido y estamos evaluando no apelar para que se aumenten las penas, pero sí la absolución de Barcos”, dijo a Télam Aquilino Giacomelli, abogado de la familia Pomar.
Es que la querella había pedido penas de hasta cuatro años (de cumplimiento efectivo) y la fiscalía de un año y seis meses, en tanto que había solicitado que se absolviera a Quiroga.
Respecto de Barcos, el letrado recordó que realizó lo que se denomina en la jerga policial un “lancheo”, es decir ir despacio en el móvil mirando a ambos lados de la ruta y hacia adelante en busca de rastros.
“Si había una impronta de frenada, como se encontró después, tendría que haberse detenido y haberla visto”, sostuvo el abogado, que además recordó que los otros efectivos realizaron otro tipo de rastrillajes.
Giacomelli se mostró conforme con los fundamentos de la sentencia, ya que se destacó la “desidia” con la que se manejaron en la búsqueda los policías, funcionarios del ministerio de Seguridad y del Poder Judicial.
Consultado sobre la situación de los efectivos, explicó que Arruvito y Quiroga están retirados y Barcos en actividad, por lo que por la ley administrativa de la Policía corresponde la expulsión o la jubilación cuando la condena quede firme, ya que el delito por el que fueron sentenciados no tiene otra pena.
Por su parte, María Cristina Robert, -madre de Gabriela Viagrán- consideró que estos tres policías “son unos perejiles” y que “en el juicio no estuvieron todos los que tenían que haber estado”.
Es que este debate se centró sólo en la falsedad ideológica de las actas de rastrillaje que confeccionaron los policías que participaron en la búsqueda de la familia Pomar, donde aseveraban que habían buscado en la ruta, en las alcantarillas y en los puentes rastros del accidente, lo cual resultó falso.
En cambio, prescribió la causa contra otros efectivos imputados por omisión y violación de los deberes de funcionario público, debido a una estrategia legal de la defensa y una demora inusitada de la Suprema Corte de Justicia, explicó Giacomelli.
Entre esos policías estaba uno que el 27 de noviembre de 2009 -13 días luego de la desaparición- recibió un llamado que alertaba sobre el lugar donde estaba el auto y no le dio importancia.
Luis Fernando Pomar (40); su esposa, Gabriela Viagrán (36), y sus hijas, María del Pilar (3) y Candelaria (6), fueron vistos por última vez el 14 de noviembre de 2009 cuando se trasladaban desde José Mármol, en el sur del Gran Buenos Aires, donde vivían, rumbo a la ciudad de Pergamino, de donde eran oriundos y planeaban visitar a familiares.
Como nunca llegaron a esa ciudad, sus allegados denunciaron la desaparición al día siguiente, pero la Policía tardó 24 días, hasta el 8 de diciembre, para encontrar el auto, que fue hallado volcado entre pastizales a un costado de la ruta 31, cerca de Salto y a unos 40 kilómetros de Pergamino.
Allí, se descubrió que había que había una huella de doce metros de frenada sobre el asfalto, vinculada al accidente que había sufrido la familia, y partes del auto y enseres de los ocupantes en la banquina, lo cual dejó al descubierto que los policías no pasaron nunca por allí o no rastrillaron bien la zona.
