La justicia de garantías de Lomas de Zamora inhibió todos los bienes de Jorge Castillo. En la misma resolución en la que se confirmó la prisión preventiva del administrador de La Salada, se decretó la “inhibición general de todos los bienes” del empresario. Esto significa que el acusado de ser el supuesto jefe de una de las cuatro asociaciones ilícitas que les cobraban alquileres a comerciantes para que instalaran sus puestos en las diez cuadras adyacentes a la feria Punta Mogotes, no podrá dispones de ninguna de las propiedades que fueron identificadas por la Justicia.
Hasta el momento, los investigadores habrían determinado la existencia de poco más de 20 empresas que pertenecerían a Castillo. Esa información estaría en un sobre encontrado en uno de los allanamientos realizados el 21 de junio pasado con la leyenda: “Fotocopias contradocumentos de Jorge Castillo”. Además de las propiedades que el administrador de La Salada tiene a su nombre, comenzaron a investigar a las personas que se habrían prestado para que Castillo los pusiera como titulares de empresas que le pertenecerían.
En la resolución en la que se confirmó la prisión preventiva contra Castillo y otros 22 imputados se consignó que habría elementos que abonaron la presunción sobre “la existencia de una organización criminal destinada, entre otros delitos, a la ocupación ilegítima de las aceras y calzadas de las arterias situadas alrededor del predio de Punta Mogotes, en las calles Virgilio y Camino de la Ribera Sur hasta Arana Goiri, mediante la utilización de violencia o engaño, invadiendo el espacio público con la finalidad de colocar ilegalmente armazones metálicos que actúan como puestos de venta que son alquilados los días de feria, suma dineraria a la que debe sumarse el pago por limpieza y seguridad”.
A diferencia de los otros 22 detenidos, la situación de Castillo resultó más complicada debido a que se confirmó el procesamiento por el presunto intento de homicidio de uno de los ocho policías bonaerenses que irrumpieron en su casa de Luján.
Si bien Castillo negó haber intentado matar a los policías y sostuvo que disparó en defensa propia y para proteger a su familia, para la Justicia, los uniformados se habían identificado.
“Luego de que los uniformados ingresaran en el domicilio y aseguraran la planta baja del mismo e instantes después de que ascendieran a la planta alta de la morada identificándose a viva voz al grito de «policía», el mencionado Castillo, aprovechando que los funcionarios intentaban abrir una puerta de seguridad ubicada en el ingreso al ambiente donde se encontraba el imputado, con el claro propósito de causar la muerte de los numerarios que cumplían con su función, efectuó al menos un disparo contra la humanidad de los mismos, utilizando a tales fines un arma de fuego que portaba, causando a consecuencia de ello lesiones en el rostro del subteniente Carlos Javier Gómez, no logrando Castillo su propósito por causas ajenas a su voluntad”, se consignó en la resolución.
A partir de la investigación encarada por funcionarios judiciales de Lomas de Zamora coordinados por el fiscal Sebastián Scalera, se determinó que los casi 10.000 puestos instalados en las diez cuadras adyacentes a la feria La Salada, eran manejados por cuatros organizaciones o bandas: “Los Chaqueños”, “Los de River”, “Los Cucos” y un sector de la barra brava de Boca.
El grupo de “Los Chaqueños” estaría comandado por Jorge Castillo, quien manejaría la organización a través de los hermanos Mario y Miguel Leyes, y a Eduardo Hipólito López alias Yayo y del policía Héctor Peralta, alias Taco, y Oscar Arrieta, alias Osqui.
A partir de las declaraciones de al menos veinte testigos se habría determinado que, además de cobrar los alquileres de los puesteros, la banda de “Los Chaqueños” tenía a su cargo las combis que salían de una estación de servicio de Puente La Noria y, a cambio de 25 pesos por persona, llevaba a los clientes hasta la feria. Ese servicio de combis se conocía como “Salada Tour”. También cobraban el estacionamiento ilegal sobre Lavardén.
