El odontólogo Ricardo Barreda, quien el año pasado terminó de cumplir su condena a prisión perpetua por haber asesinado en 1992 a toda su familia en la ciudad de La Plata, fue enviado a una pensión de General Pacheco, luego de permanecer 457 días en un hospital de esa localidad bonaerense.
El director del hospital “Magdalena Villegas de Martínez”, Hugo Gass, explicó que cuando asumió en el cargo, hace dos semana, se propuso “normalizar” la situación del centro médico y esto incluía resolver qué hacer con Barreda (80), que estaba allí desde abril, pese a que no tiene problemas de salud.
“Este es un hospital de agudos, de emergencias y las camas son exiguas. Él tendría que haber estado en la institución que le corresponde por su edad y por su situación de la seguridad social. Era injusto que estuviera ocupando una cama en el hospital, cuando nosotros lo necesitamos para gente enferma”, sostuvo Gass al canal de noticias TN.
Según el director, Barreda “clínicamente está bien” y fue dado de alta hace 457 días, pero como estaba cómodo en el hospital continuó allí y la administración anterior no hizo nada para enviarlo a otro lugar.
“No me gusta hablar de gestiones pasadas, era tener la voluntad de juntar a la gente que tuviera que ver con esto y ahora va a estar en una pensión, va a tener su alojamiento aquí en Pacheco”, explicó Gass, que añadió que el PAMI le otorgó un beneficio para que solvente los gastos.
El director contó que estuvo con Barreda y consideró que “tiene actitudes complejas, tiene una hoja de bisturí entre sus objetos personales y es capaz de autodañarse para volver al hospital porque él estaba muy cómodo acá”.
Explicó que permaneció todo este tiempo en una sala común, donde tenía un placard propio, y que hoy se llevó todas las pertenencias “en un carro grande”.
“Yo creo que en este momento no está para un neuropsiquiátrico. Si bien tiene alteraciones en la conducta, es capaz de manejar el medio que lo rodea, él tiene claro lo que quiere, y logró adhesion de parte de la comunidad del hospital”, perteneciente al partido de Tigre, aseguró.
En ese sentido, relató que el odontólogo “iba a comer afuera, venían amigos y lo llevaban a pescar” y lo calificó como “un manipulador” que logró que la mitad del personal tuviera relación con él y la otra mitad lo denunciara.
Gass negó que al obligarlo a dejar el hospital hayan incurrido en “abandono de persona” y explicó que se le hicieron estudios clínicos y psicológicos que determinaron que está sano.
Y agregó que en caso de que se lastime o le ocurra algo, lo volverán a atender, pero luego -cuando corresponda- se le dará el alta.
En mayo del año pasado, Barreda se presentó solo en el centro de salud con una identidad falsa y visiblemente desmejorado, lo que llamó la atención de una mujer que se encontraba en el lugar y le tomó una foto que luego compartió en su muro de la red social Facebook.
Esta mujer acompañó la imagen con un texto del que se desprendía que ella no sabía de quién se trataba y al que llamó con el nombre de “Alberto Navarro”, al tiempo que se quejó de que lo dejaron abandonado en dicho hospital.
En ese momento, fuentes médicas informaron que el odontólogo estaba internado por “un cuadro de salud mental” y que se le iban a realizar diversos estudios.
Posteriomente, Barreda tuvo problemas con algunas enfermeras y médicas que denunciaron que las maltrataba.
El odontólogo había llegado al hospital pocos días después de que el juez de Ejecución Penal platense Raúl Dalto resolvió “declarar extinguida la pena impuesta a Ricardo Alberto Barreda y hacer cesar las accesorias legales impuestas, todo ello al día 29 de marzo de 2016”.
A partir de esta resolución, Barreda, quien se encontraba en libertad condicional en un nuevo domicilio fijado en Tigre, quedó en plena libertad y ya no tuvo que ser controlado por la Justicia.
El 15 de noviembre de 1992, en su casona de calle 48 entre 11 y 12 de La Plata, Barreda asesinó con una escopeta a su esposa Gladys Margarita Mac Donald (57), su suegra Elena Arreche (86) y sus hijas Celina (26) y Adriana (24), según contó en el juicio, como una reacción a los maltratos y humillaciones que recibía de todas ellas.
El odontólogo primero negó la acusación del cuádruple femicidio e intentó hacer pasar el crimen como un robo a su casa pero finalmente confesó y fue condenado en 1995 a la pena máxima del Código Penal argentino.
