El comisario general retirado Guillermo Calviño, quien fue jefe de la Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires, declaró hoy ante la justicia y seguirá detenido en la causa en la que se lo acusa de ser el “organizador” de una asociación ilícita que exigía dinero a comerciantes de los barrios porteños de Nuñez y Saavedra a cambio de brindarles protección especial.
“Declaró, se le levantó la incomunicación y quedó detenido a la espera que se resuelva su situación procesal”, explicó a Télam una fuente judicial con acceso al expediente a cargo del juez de Instrucción porteño Ricardo Farías, quien esta tarde le tomó declaración indagatoria.
Otro de los voceros consultados se excusó de brindar detalles del contenido del descargo que realizó el imputado ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.
Calviño, quien cuenta con la defensa particular del abogado Manuel Ramallo, quedó detenido el viernes último luego de presentarse espontáneamente ante el juez Farías, que ahora cuenta con un plazo de 10 días para resolver la situación procesal del ex comisario general.
La detención e indagatoria de Calviño había sido requerida al magistrado por el fiscal de Distrito Núñez-Saavedra, José María Campagnoli, a cargo de la investigación.
Mientras se buscaba al ex jefe policial, Gendarmería también allanó el domicilio de Calviño, ubicado en Mario Bravo 60, en el barrio porteño de Almagro, y otra casa que le pertenece situada en el country Brickland de Esteban Echeverría.
En ambos lugares se secuestraron teléfonos celulares y documentación de interés para la causa, en la que se encuentra procesado con prisión preventiva José Pedro Potocar, ex jefe de la flamante Policía de la Ciudad.
Por su parte, Calviño fue titular de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (SSM) de la Policía Federal y en 2016, cuando comenzó a investigarse el presunto cobro de coimas, era el jefe directo de Potocar, quien por entonces estaba a cargo de la Dirección General de Comisarías (DGC).
Luego, Calviño fue jefe de la llamada Policía Federal de la Ciudad antes de la creación formal de la Policía de la Ciudad, en enero de este año.
Fuentes judiciales dijeron a Télam que una de las pruebas en contra de Calviño es que en un cuaderno secuestrado en el marco de la causa, en el que se cree que se anotaba el reparto de coimas entre diferentes jefes, figuraba la sigla SSM.
Además, la detenida comisaria inspector Susana Aveni, entonces jefa de circunscripción VII y a cargo una serie de comisarías -entre ellas la 35ta.- aportó datos que complicaron la situación de Calviño cuando fue indagada en este expediente.
Para los investigadores, Calviño, Potocar, Aveni y el ex titular de la comisaría 35a., Norberto Villareal, único prófugo que tiene esta causa, eran los jefes de la asociación ilícita, en ese orden.
De acuerdo a las imputaciones, también integraban tal asociación los ex subcomisarios Marcelo Stefanetti y Alberto José Codaro,-procesados pero excarcelados por haber “colaborado” con el expediente- y los subordinados Alejandro Daniel Malfetano, Adrián Paul Otero, Sergio Gabriel Ríos y Alberto Quiroga Marciano -con prisión preventiva confirmada-.
La causa se inició a raíz de una denuncia anónima recibida el año pasado en el Ministerio de Seguridad, que alertaba sobre el presunto cobro de coimas por parte de efectivos de la seccional 35ta. desde la llegada de Villareal en enero de 2016.
Ante esa situación se allanaron la comisaría y los comercios afectados, donde se hallaron comprobantes de aportes a la “Asociación Amigos de la Comisaría 35”, que habría sido una de las formas de canalizar las coimas.
Según se da por probado en el expediente, los imputados de menor rango respondían a las órdenes de Villarreal y obtenían dinero de los “trapitos” para dejarlos trabajar y de comerciantes y empresarios para darles “seguridad”.
Mientras que el comisario distribuía las coimas entre sus superiores, de lo cual llevaba anotación en un cuaderno que fue secuestrado en la seccional y que tiene las siglas DGC y SSM, entre otras.
Según declaró otro integrante de la seccional, José Martínes, quien además aportó un video, Villarreal tomó medidas para que el personal a su cargo recaude dinero en forma ilegal, por parte de los comerciantes y empresarios que se encuentran en la zona, y se lo hicieran llegar a él”.
Este testigo también se refirió a un “cuaderno con espiral” como “el utilizado por el jefe de la dependencia para las anotaciones relativas a la recaudación espuria”.
