Fuente Fiscales.gob.ar
A continuación, reproducimos el texto y el facsímil del documento enviado por secretarios/as y prosecretarioas/as contra el convenio firmado en enero pasado entre el presidente de la Nación y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los funcionarios abajo firmantes de diversos Juzgados, Fiscalías y Defensorías Oficiales, manifestamos nuestro profundo rechazo al convenio firmado en el mes de enero del corriente año, entre el Presidente de la Nación y el Jefe de Gobierno de la C.A.B.A., en forma inconsulta respecto de cualquier organismo involucrado ni de los trabajadores, provocando malestar en todo el ámbito jurídico de la ciudad, tanto académico, judicial, gremial de trabajadores, funcionarios y magistrados, además de los abogados de la matrícula.
En primer lugar se advierte que el mismo, por más que se pretenda disfrazar la cuestión, resulta una desvinculación laboral por parte del Estado Nacional, traduciéndose tal circunstancia en una mudanza de trabajadores de carrera como si fueran muebles, de forma totalmente inconsulta y compulsiva, no pudiendo entenderse aquél como un intento por mejorar el servicio de justicia, sino que por el contrario, se pretende forzar la mentada mudanza sin siquiera haber previsto las necesidades edilicias, e informáticas, cuestiones que entre otras tantas, parecen ser dejadas por los artífices de este oscuro traspaso para que se resuelvan por arte de magia, afectándose los valores centrales de la justicia, que debe ser independiente tanto de los poderes como de los poderosos y mantenerse fuerte, imparcial y eficiente con los reclamos y expectativas de todos los habitantes de la República.-
Esto acarrea un grave perjuicio a la carrera que vislumbramos y proyectamos en el ámbito de la Justicia Nacional, no encontrándose asegurados de ninguna forma los derechos adquiridos por empleados y funcionarios a lo largo de esos años de trabajo.-
Somos empleados del Poder Judicial de la Nación, o Procuración General de la Nación o Defensoría General de la Nación que cumplimos funciones en una determinada dependencia. Igual que la Procuradora General, la Defensora General o los Ministros de la Corte Suprema de Justicia. Cada uno con sus funciones, no somos mobiliario de una dependencia estatal. Nuestra relación laboral es anterior al convenio y en muchos casos anterior a la Constitución del 1994. Nadie nos puede llevar a ningún lado sin nuestro consentimiento, siendo esta una regla básica del derecho laboral nacional e internacional.
La sospechosa prisa y el hermetismo que ha rodeado a la tramitación inconsulta e ilegal de dicho convenio, evidencia el encubrimiento de sus verdaderos fines políticos de control y embestida hacia un Poder del Estado, afectándose con ello las bases mismas de nuestro sistema Republicano de Gobierno, entiéndase el Poder Ejecutivo está avanzando sobre el Poder Judicial echando por tierra el sistema de división de Poderes y con ello todos los derechos de los trabajadores involucrados.-
Los Tribunales Nacionales con asiento en la Capital Federal deben aplicar los códigos (Civil, Comercial, Penal, de Minería, Trabajo y Seguridad Social) cuya sanción corresponde al Congreso de la Nación y su juzgamiento a los Tribunales Federales o Provinciales según las reglas de la competencia, pero de ninguna manera al Gobierno de la CABA, simplemente porque no es una Provincia, cuestión que en honor a la brevedad y por la entidad de la presente aquí no se desarrollamos, pero puede consultarse sin mayor esfuerzo en la opinión de nuestros mejores Constitucionalistas y hombres de derecho.-
Debe aclararse, para que se entienda de una vez, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es una Provincia, no pudiéndose asimilar los tribunales que se creen dentro de la misma a los Tribunales Provinciales, esto surge del propio texto de la Constitución Nacional, texto que parece haber sido ignorado deliberadamente por los firmantes del ilegal convenio de traspaso. Así vemos, que el Constituyente no tuvo la voluntad de asignar a la Ciudad de Buenos Aires la calidad de Provincia.- Es un error de interpretación de la Constitución, ya que no surge de la letra de la ley que la Ciudad de Buenos Aires deba tener una justicia que aplique los Códigos de Fondo.- Queda claro que la falta de soberanía que tiene la Ciudad es lo que impide que sea considerada Provincia y es lo que marca la diferencia, estas últimas son independientes, pues no reconocen ningún poder superior, lo contrario, sería admitir que todos los jueces municipales del país pudieran aplicar los Códigos de fondo, eliminando la justicia de las Provincias y creando cada municipio sus fueros, circunstancia que solo puede tener lugar mediante una reforma constitucional.-
No se puede soslayar la existencia actual de la justicia nacional en el espacio jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires, obstáculo imposible de sortear mediante acuerdos por fuera de la instituciones republicanas, por más que se pretenda suplir las estructuras del poder constituido mediante acuerdos entre el Poder Ejecutivo Nacional con el Ejecutivo del Gobierno de la CABA.
Por otro lado, resulta insoslayable que en el orden nacional los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa tienen status constitucional autónomo del Poder Judicial, asignándoles el art. 120 de la Constitución Nacional autonomía funcional y autarquía financiera. Por ello, si se sometiera, como se pretende a sus magistrados, funcionarios y/o empleados a la situación de dependencia –aunque más no sea administrativa- del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cualquier otro órgano extraño, se los estaría menoscabando en su condición y garantías, que la Constitución Nacional les asigna.
Rechazamos el traspaso en cuestión, por ser incongruente con la ley, no tener en cuenta a las personas involucradas, tanto a los trabajadores del ámbito de la justicia como a los ciudadanos justiciables, los que no van a verse favorecidos de ninguna manera por las transferencias que se están pretendiendo y que van a provocar en algún momento un colapso en el servicio de justicia. Nos preguntamos: ¿Por qué no lo han debatido en donde deben debatirlo, que es con quienes conocen estas cuestiones, que son los jueces, fiscales y defensores oficiales, con funcionarios y empleados de los mismos?.-
Manifestamos, nuestro profundo rechazo al traspaso por no tener un consenso previo, por ser lisa y llanamente un vaciamiento programado de la jurisdicción, traduciéndose en definitiva en un ataque directo a la Constitución Nacional, las Instituciones de la República, y un consecuente menoscabo al servicio de justicia y los derechos de todos los trabajadores involucrados en esta pretendida aberración jurídica.-
Los que impulsan esta violación a la Constitución Nacional, parecen olvidar que esto no se trata de papeles, sino que son personas afectadas, los justiciables, que esperan respuestas de las instituciones de la República y los trabajadores el respeto de sus derechos como tales. La inconsciencia de quienes proponen el traspaso, sin solucionar los problemas que demanda toda la sociedad y que realmente urgen, tales como la inseguridad, carece de racionalidad, y solo responde a una estrategia política y de sometimiento de un Poder del Estado a los designios del gobierno de turno, situación que no puede consentirse de ninguna forma.———————–
Buenos Aires, 24 de Febrero de 2017————
