Seis efectivos de la Prefectura Naval fueron enviados a juicio oral por el delito de “torturas y robo” por haber llevado a un padre y su hijo a un paraje cercano al Riachuelo, haberlos golpeado, humillado y simulado que los iban a asesinar.
Se trata de los prefectos Leandro Adolfo Antúnez, Orlando Ariel Benítez, Osvaldo Alberto Ertel, Ramón Fernando Falcón, Eduardo Sandoval y Yamil Alejandro Marsilli, acusados por “torturas y robo, agravado por su comisión con arma de fuego y por la condición de miembros de la fuerza de seguridad”.
Según determinó la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen, los hechos ocurrieron el 24 de octubre de 2016 en cercanías de la calle Diógenes Taborda, del barrio de Nueva Pompeya, en proximidades al Riachuelo.
Los prefectos, a bordo de dos móviles, interceptaron al padre y a su hijo menor de edad, “los detuvieron, golpearon y trasladaron a un predio lindante al Riachuelo en el que continuaron agrediéndolos físicamente, profiriéndoles frases de corte intimidatorio, y compeliéndolos a realizar diversas conductas mientras blandían armas, habiendo incluso efectuado un disparo”.
Tras ser liberados, un policía los halló deambulando, llamó al SAME y allí constataron “policontusiones” de las que fueron atendidos en el Hospital Penna.
Los investigadores hallaron incluso una vaina servida producto del supuesto disparo, coincidente con las armas reglamentarias que portaban los prefectos.
Los camaristas Carlos Alberto González, Mariano González Palazzo y Alberto Seijas entendieron que “la imposición de torturas es comprensiva de todo acto por el que se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación”.
“Los damnificados fueron trasladados en dos camionetas por personal de una fuerza de seguridad, en superiorid ad númerica, en mitad de la noche, esposados y con la cara cubierta, a un predio alejado.
Sufrieron humillaciones que se materializaron no sólo en las golpizas y las conductas que eran obligados a efectuar y que estaban libradas al arbitrio de la voluntad de sus agresores, si no también en la aplicación de sufrimiento psíquico, el que incluía fras es de tenor intimidatorio y con contenido racial, hasta llegar incluso a fingir sus próximas ejecuciones”, explicaron los jueces.
