Participaciones en negocios exitosos y promesas de rentabilidades altas. Ese era el esquema central de una presunta estafa denunciada por unas 2.000 víctimas. La demanda apunta contra un reconocido empresario y a una veintena de sociedades.
Los abogados Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier, en representación de unos dos mil inversores damnificados, denunciaron “uno de los accionares delictivos más colosales que la siempre sagaz delincuencia de cuello blanco ha desplegado en la historia de la República”.
Según figura en la denuncia a la que tuvo acceso la agencia DyN, el sistema de captación de fondos ofrecía “participaciones en negocios como Buenos Aires Design, Hard Rock Café, Oficinas en Panamá, Hertz (alquiler de automóviles) y El Payaso Plin Plin”, entre otras firmas.
“Se les mostraba una numerosa cantidad de inversiones accionarias que supuestamente el grupo detentaba, para finalmente hacerles firmar un contrato de mutuo con un elevado interés en dólares y/o en pesos”, explica la presentación realizada por los abogados.
Por la presunta estafa, que podría alcanzar a unas 10 mil víctimas en total, los abogados acusan a Enrique Juan Blaksley, cabeza de la empresa Hope Funds S.A. Esa firma estuvo detrás de grandes eventos deportivos, como la visita a la Argentina de el atleta jamaiquino Usain Bolt -que corrió una carrera contra el Metrobús de la Ciudad de Buenos Aires, en 2013- y la de los tenistas Roger Federer, Venus y Serena Williams.
No es la primera acusación que afronta Blaksley, quien tiene una investigación abierta por por lavado de dinero contra Hope Funds. En 2014, la justicia cuestionó el origen de las inversiones que había declarado la firma. También quedó involucrado en el escándalo conocido como Panamá Papers, donde le detectaron 30 firmas offshore en paraísos fiscales, según publicó La Nación en mayo de este año.
La actual denuncia por estafas quedó radicada ante la jueza María Servini de Cubría, con intervención del fiscal Patricio Evers. Según informaron fuentes del caso, los demandantes pidieron la intervención judicial de las sociedades involucradas en la supuesta maniobra delictiva y que se dé intervención a todos los organismos estatales vinculados con la persecución de la criminalidad económica.
