La reciente fuga de siete internos del instituto Aráoz Alfaro de Abasto, no sólo puso al descubierto la fragilidad del sistema de alojamiento de menores con causas penales, sino además presuntas irregularidades en el servicio de las llamadas horas adicionales -o Polad- de la Policía bonaerense.
Según publica el diario El Día, de los seis agentes pagos, que debían cubrir la guardia el día que se produjo la evasión, sólo había dos y de la Local.
A partir de esa situación, desde el Ministerio de Seguridad provincial y, de la Dirección de Asuntos Internos, pusieron nuevamente la mira en los responsables de la distribución del personal en esos puestos fijos de vigilancia, ante la sospecha de posibles desmanejos con fines ilícitos.
Como se sabe, la asignación de las horas Polad, que genera el movimiento de sumas varias veces millonarias, está siendo fuertemente investigado desde la detención de un efectivo (Patricio Masana) con rango de suboficial, que se movía como un verdadero millonario y que quedó preso acusado por un robo en la casa del intendente de La Plata, Julio Garro (ver aparte).
En ese sentido, el dato que surgió en las últimas horas fue que sólo por el pago de las horas adicionales, la comisaría primera de nuestra ciudad, donde cumplía funciones Masana, justo en el área de las Polad, se recaudaban unos 25.000.000 de pesos al mes, de los cuales, 12.500.000 pesos, es decir exactamente la mitad, “se perdían en el camino”, confió un vocero con acceso a la pesquisa, quien agregó que “esa suma se desprende de lo que actualmente, desde que se tomó la decisión política de ajustar todos los controles, se está ahorrando el gobierno de María Eugenia Vidal”.
De alguna manera, siempre en el campo de las hipótesis que ahora se intentan comprobar, el nivel de vida que llevaba el agente, con un sueldo promedio de 18.000 pesos al mes, podría justificarse con el aporte de parte de ese dinero negro.
En este contexto, sabido que el día en que dos delincuentes armados decidieron entrar al centro de alojamiento de 520 y 226 (para rescatar a dos cómplices y, permitieron así que otros cinco se escaparan) no estaban todos los policías que, por planilla, debían estar, no se descartan que en las próximas horas se determinen sanciones administrativas.
Como se recordará, por el caso de Masana, tanto quien por entonces era el titular de la comisaría primera, Marcelo Cifuentes, como su segundo jefe, Carlos Arias, fueron separados preventivamente de sus cargos, a la espera del resultado final del sumario interno, que hasta podría provocar su exoneración.
Los informantes indicaron que la auditoria “es ministerio por ministerio, comisaría por comisaría”, en la búsqueda de transparentar un procedimiento que, a todas luces, aparecería como una fuente directa de financiamiento de la llamada “caja negra” de la Policía, que, se cree, tendría ramificaciones hacia otros poderes del Estado provincial.
Las Plantas Verificadoras Policiales de vehículos, también están siendo investigadas por las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense, ante la presunción de que ocultarían el desvío de fuertes cantidades de dinero.
Una versión periodística indicó que, por ejemplo en la de Pilar, se anotaban menos autos de los que ingresaban por día para realizar el chequeo de los números de motor y carrocería, lo que dejaba así afuera del sistema de contralor a una porción muy importante de lo recaudado.
Ante esa maniobra, que se repetiría en el resto de las plantas verificadoras, el manejo de las mismas quedaría en manos de civiles.
Ninguno de estos negocios parecería ser nuevo. Lo que sí se modificó es la estructura de Asuntos Internos, donde no sólo el auditor general es un civil, sino que también el inicio de los sumarios está a cargo de abogados y ya no de comisarios.
