Las “jaulas” a la intemperie en una cárcel mendocina y las condiciones de hacinamiento en las que viven los internos en las principales penitenciarías locales provocaron una fuerte reacción en el gobierno provincial, que decidió clausurar esas polémicas estructuras y comenzar a optimizar los servicios que se prestan a los reos tras una intimación judicial.
La reveladora fotografía que se publicó ayer en el diario La Nación dio la vuelta al mundo y fue replicada por diversos medios, lo que preocupó a las autoridades locales, quienes aseguran que ya viene realizando mejoras en los penales luego de la denuncia que realizó la Procuraduría de Violencia Institucional de la Nación (Procuvin) de la Procuradora General de la Nación.
La jueza de Ejecución Penal N° 2 de Mendoza, Mariana Mercedes Gardey Merino, fue quien aceptó el recurso de habeas corpus de los fiscales federales y exigió un plan de obras urgente y el cese inmediato del uso de los jaulones para el alojamiento de reclusos.
Desde el Poder Ejecutivo local negaron que en esos espacios metálicos al aire libre en el penal de Almafuerte, en medio de la montaña mendocina, hayan sido alojados internos de manera permanente. Sí confirmaron que fueron utilizados para los recreos, sobre todo para aquellos reos que lo solicitaban por temor a ser agredidos por sus compañeros durante las actividades en los patios.
De hecho, las autoridades penitenciarias locales afirman que la misma jueza había aceptado anteriormente que se construyeran esas jaulas para evitar situaciones de conflictividad y riesgos. Es más, explican que Gardey Merino pidió algunas mejoras en los receptáculos, que fueron cumplidas por el gobierno local, sobre todo con la instalación de sanitarios.
