La procuradora fiscal ante la Corte Suprema, Irma García Netto, dictaminó ayer que los crímenes de dos colombianos cometidos en el shopping Unicenter en 2008 y otro similar ocurrido al año siguiente en San Fernando deben ser investigador por la justicia federal y no por la provincial, al considerar que puede haber bandas narcocriminales involucradas en los asesinatos, además de un presunto encubrimiento de esas organizaciones por parte de la fiscalía general de San Isidro.
Se trata de los asesinatos de Jorge Quintero Gartner y Héctor Duque Ceballos, ocurridos en el estacionamiento del centro comercial de Martínez, y el de Juan Sebastián Galvis Ramírez. La causa por el presunto encubrimiento judicial al narcotráfico es instruida por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que ya indagó al fiscal general del distrito, Julio Novo, y a sus adjuntos y secretarias, que actualmente están suspendidos.
Los expedientes por los crímenes tramitan ante el juez de Garantías N° 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, pero Arroyo Salgado le reclamó que se inhibiera de seguir interviniendo.
“No puede descartarse por el momento la existencia de una o más organizaciones narcocriminales detrás de los homicidios de los ciudadanos colombianos y la determinación de ilícitos propios que están siendo investigados por el fuero federal -narcotráfico y lavado de activos-“, afirmó
Sobre la base de los argumentos brindados por la jueza federal, García Netto concluyó que “estos hechos podrían haber ocurrido dentro de un mismo accionar delictivo, por lo que deben ser juzgados por un único magistrado”, según informó la página www.fiscales.gob.ar.
La resolución de Arroyo Salgado tomaba en cuenta los resultados de la investigación del fiscal de San Isidro Luis Angelini (supervisada por Rossignoli), en la que se estableció que los colombianos habían emigrado a Buenos Aires luego de que el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia quedó desarticulado y su máximo líder fue detenido en los Estados Unidos por narcotráfico.
“Estos antecedentes, sumados a que las víctimas no tenían aparentemente ingresos compatibles con su lujoso estilo de vida, hacían sospechar de relaciones con el tráfico de drogas o blanqueo de capitales originados en ese delito y, aún más, que tales actividades no eran ajenas al motivo de homicidio, pues la evidencia sugería que aquél se trató de un crimen por encargo”, señaló la jueza federal.
En el dictamen, la procuradora detalló que Arroyo Salgado también refirió que los acusados de los homicidios serían barrabravas de Boca Juniors y que los teléfonos móviles que usaban registraban contactos con la empresa Federal Aviation, de Gustavo Juliá, condenado en España por tráfico de drogas. La jueza, además, dijo que los imputados tenían contactos con Martín Magallanes, ex socio de Sebastián Forza, asesinado junto con Damián Ferrón y Leopoldo Bina por su vinculación con el tráfico de efedrina.
