Encuentro nacional de familiares de víctimas de torturas: «Nos une el dolor y los padecimientos»

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Natalia Sarraute es una de las fundadoras de FAVISIC, la asociación que nuclea a familiares de detenidos y detenidas en la provincia, también es la esposa de Gustavo Jaramillo, papá de Sergio que murió en un penal bajo custodia de las fuerzas de seguridad. Noemí Santana necesita saber qué pasó con su hijo, asesinado por las fuerzas de seguridad; en su lucha por justicia, casi sin quererlo, creó la cooperativa textil Esperanza conformada por madres de detenidos y de víctimas de gatillo fácil. José Molina llegó solo desde General Roca, Río Negro, para contar la historia de su hijo que murió ahorcado en la Comisaría 3ª, la autopsia constató que había sido brutalmente golpeado. Andrea Casamento es titular de ACIFaD, una organización que empezó con el objetivo de acompañar a familiares de detenidos en cárceles federales y, ahora, se desplegó en todo el territorio.

Sandra, Elvira, Fernanda. Ellos son algunos de los más de 300 familiares que participaron en Chapadmalal del II Encuentro nacional de familiares víctimas de la violencia institucional organizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Sus vidas están atravesadas por el dolor y la lucha. Muchos de ellos se conocieron en las largas colas que se forman en los penales los días de visita, aprendieron a lidiar con el maltrato de las fuerzas de seguridad, con el desprecio del sistema judicial y con los discursos sociales que los violenta y estigmatiza: “Nos costó mucho decir que éramos madres de detenidos o madres de gatillo fácil”, dice Noemí.

El sábado por la mañana Roberto Cipriano García, miembro de la CPM, dio la bienvenida a los participantes y expresó que “este encuentro pretende ser un espacio donde nos conozcamos, donde intercambiemos, donde todo lo que cada uno tuvo que hacer para enfrentar la impunidad, para enfrentar la violencia ejercida por el sistema penal del Estado lo pueda compartir con otro. Para que ese otro se pueda sumar y se pueda enriquecer con esos recorridos y esas trayectorias. Este no es un encuentro de familiares de víctimas sino de familiares víctimas, porque los familiares también son víctimas de las agencias penales del Estado: ustedes saben lo que es pasar por esas requisas vejatorias que invaden su intimidad, que les rompan y roben los alimentos o cosas que llevan a sus familiares, esperar largas horas para poder ingresar, bajo la lluvia y el frio o calor extremos, ante la desidia e indiferencia de la burocracia, ustedes saben lo que es ver sufrir a sus hijos, siendo víctimas de las distintas violencias que padecen en el encierro”.

Durante tres días, los familiares y organizaciones de todo el país convocados por la CPM participaron de talleres y charlas debate que permitió estrechar vínculos, compartir experiencias, pensar nuevos canales de diálogo y nuevas formas de intervención. Hay necesidades, urgencias, desafíos, fuerza y esperanza.

La directora general de la CPM Sandra Raggio remarcó la necesidad de “articular los distintos niveles de de intervención de las organizaciones para construir una agenda común”. Una agenda que, como mencionó Adolfo Pérez Esquivel, nos obliga a exigir y luchar por las mismas causas que hasta ahora: el respeto irrestricto a los derechos humanos.

La presencia de familiares y organizaciones de Jujuy, Salta, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Rio Negro, Chubut, Capital Federal y diversos lugares de la Provincia de Buenos Aires permitieron conformar un mapa territorial mucho más amplio de actores y problemáticas en torno a la violencia institucional.

Al momento de elaborar un primer balance de estas jornadas, Cipriano García destacó la posibilidad de poder generar desde la CPM instancias de organización entre familiares, construir una agenda común y desarrollar estrategias para reclamar al sistema por las violaciones de derechos humanos que sufren hoy todas las personas víctimas de estas múltiples violencias. “Esto implica pensar cómo logramos hoy que la sociedad pueda discutir estos temas desde una perspectiva de derecho humanos y no solamente desde la perspectiva de la “seguridad”, que piensa solucionar estos problemas con más policías y mayor saturación territorial de las fuerzas de seguridad, para reprimir a los sectores pobres contra los que se descarga todas las agencias penales del Estado. Esta mirada no ve la ‘inseguridad’ como una consecuencia de otros delitos, mucho más complejos, perpetrados por sectores más pudientes”, concluyó.

“La cooperativa está conformada por madres de detenidos y madres de víctimas de gatillo fácil; trabajando desde la lucha para poder llevarle cosas a nuestros familiares en los penales. Nos organizamos de esta manera para poder costear, inicialmente, los viajes y después fue tomando otro esquema: acompañamiento, asesorar a otras madres que iban llegando desde nuestra propia experiencia. Nosotros sabemos trabajar: eso es todo lo que tenemos y nos unió el dolor en común y los padecimientos inhumanos que nuestros familiares sufren en el encierro”, explica Noemí Santana de la cooperativa Esperanza.

Noemí, como tantos otros familiares, aprendió en el camino a organizarse, a defender su lucha; primero en absoluta soledad, después junto a otras madres y padres y hermanos y otros organismos de derechos humanos. “Nos cruzamos con la CPM sin saber que era: un teléfono en un buzón que decía derechos humanos, mi hijo me llama y me dice ‘probá acá. Fijate si alguien te atiende’. Seis horas después lo pudimos sacar, su situación estaba al límite. Desde ese momento, empezamos a aprender, a conocer gente que tiene esa mirada de derechos humanos sobre los familiares y sobre las víctimas”, comenta.

Al poner en perspectiva este II Encuentro nacional, Andrea Casamento de ACIFaD reconoce el valor que “los familiares vienen tan golpeados y se creen sin derecho, este encuentro permitirá que los que participaron puedan compartir la experiencia con otras víctimas e incentivarlas a que vengan acá”. Y agregó: “Ahora, nos queda el desafío de poder construir esa red y con el espaldarazo que nos da la CPM”.

Las agencias penales del Estado controlan y organizan la política de seguridad en las calles y en los lugares de encierro sin respetar ni cumplir con las leyes nacionales y tratados internacionales y orienta esa práctica represiva sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. “Son víctimas de un sistema que genera las condiciones para que esto pase. Un Estado que viola los derechos humanos”, expresó Roberto Cipriano García durante el cierre del II Encuentro nacional. Y Remarcó: “Hace muchos años que venimos trabajando con ellos, es un diálogo desde el dolor. Estos días no se hablaba del horror, esto no significa olvidar sus casos, significa que estuvieron conectados desde la alegría y la compañía”.

El dolor que los hermana y la sensibilidad de una madre: “Para mí, fue un día muy especial. Todos los días 7 de noviembre me encierro o me voy a ver a mi hijo, porque es el aniversario del asesinato de mi hijo a manos de la policía, y, este fin de semana, estaba en duda de venir, de no poder cumplir con mi ritual. Y venir acá y encontrar todos estos jóvenes con esta mirada sobre el futuro; ellos y las palabras de Nora y Adolfo sobre el dolor y la curación me hicieron más leve ese día. No me voy a volver a encerrar un 7, voy a ponerle el pecho a la vida”. La confesión de Noemí es, quizá, el mejor balance de este nuevo encuentro organizado por la CPM.