Un pedido de 14 años de condena recayó sobre los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schilaci, protagonistas de la triple fuga del penal de General Alvear, hecho que generó la primera turbulencia en el gobierno de Cambiemos a pocos días de haber asumido en 2015. La defensa entendió que los confesos autores del hecho se fugaron en el marco de un “estado de necesidad justificante”. Los tres hablaron antes que el juez de por finalizado el debate.
Los hermanos Lanatta y Schillaci llegaron detenidos al juicio en La Plata, condenados a prisión perpetua por el triple crimen de la efedrina en el que ejecutaron a Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35), cuyos cadáveres fueron hallados el 13 de agosto de 2008 en General Rodríguez. Ellos aseguran ser inocentes y apuntan al exjefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, como el autor ideológico del hecho, y a un agente de inteligencia de la SIDE infiltrado en la Policía bonaerense, como el ejecutor material de la masacre, publica el sitio 0221.com.ar.
La fiscal de juicio, Silvina Langone, comenzó su alegato con el retiro de la acusación para Susana Elvira Martínez, exsuegra de Schillaci, procesada por encubrimiento. El juez la absolvió durante la audiencia y siguió la jornada del debate desde las sillas del público.
La acusadora calificó el hecho como “robo, privación ilegal de la libertad agravada y reiterada en cuatro casos, robo agravado y evasión, todo en concurso real”.
La funcionaria dio por acreditado que en la madrugada del 27 de diciembre de 2015, los acusados se escaparon, previo reducir y maniatar a tres guardias del Servicio Penitenciario Bonaerese y llevarse de rehén a un cuarto penitenciario. El primero de los tramos de la evasión fue en un Fiat 128 que estaba en la playa de estacionamiento del penal, propiedad de Luciano Labat, el primero de los carceleros reducidos. Estos hechos nunca fueron negados por los acusados.
Para la fiscal no se logró probar en el juicio el planteo de la defensa, el “estado de necesidad justificante”, es decir, cometer un delito para evitar otro mayor. Ese planteo de la defensa “no tiene sustento de ningún elemento probatorio en esta causa” consideró Langone. Tras pedir la pena, solicitó que se investigue al Defensor General de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, por la denuncia que realizó Cristian Lanatta quien aseguró que le hizo firmar un papel en blanco que resultó ser el desistimiento de apelación a la prisión perpetua a la que fueron condenados por el triple crimen narco de General Rodríguez, ocurrido en 2008.
La defensa sostiene que los acusados son víctimas de un complot encabezado por Aníbal Fernández. También planteó al juez Juan José Ruiz que analice el caso con su contexto e insistió en la trama política de la historia. “Aníbal Fernández tuvo y tiene un poder ilimitado”, expresó en su exposición.
Para la defensa se trata de un caso de “Estado, en connivencia con determinados personajes de la política (a los que no mencionó) para obtener un determinado resultado”, la muerte de los acusados. “Es indiscutible que fueron engañados”, sostuvo Molina y subrayó que durante la fuga no contaron con ningún tipo de apoyo prometido, como, por ejemplo, el helicóptero que los iba a llevar para cruzar la frontera argentina.
Tras el cierre de los alegatos hablaron los tres acusados. “Yo solo expuse lo que vivimos, dijimos la verdad, quedaron en claro las amenazas que teníamos. La motivación de la fuga no fue nuestra, era fugarse o no contábamos el cuento”, sostuvo Cristian, el menor de los hermanos Lanatta.
Luego fue el turno de Víctor Schilaci, quien solo atinó a pedir “justicia” y confirmar todo lo que había dicho en su declaración.
El cierre del debate estuvo a cargo de Martín Lanatta quien se mostró enojado con la fiscal Langone por la acusación, reclamó “que se haga justicia” al tiempo que dijo estar dolido “porque no se tuvo en cuenta que el Estado nos puso en riesgo”.
Además solicitó que “sea investigada la cadena de mandos” del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La lectura del veredicto será el próximo 1 de octubre, a las 10, según dispuso el juez Juan José Ruiz del Tribunal Oral Criminal I de La Plata.
