La Justicia federal de Paraná rechazó por improcedente el pedido de sobreseimiento de la defensa del intendente de la capital entrerriana, Sergio Varisco, en la causa en la que está procesado por presuntos vínculos con el narcotráfico, informaron fuentes judiciales.
La medida fue tomada por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, quien consideró “improcedente” el planteo de los abogados Miguel Ángel Cullen, Mariano Cúneo Libarona y Rubén Pagliotto, presentado el pasado martes.
La defensa pidió que se revoque la medida luego de que el sindicado líder de la banda narco que se investiga, Daniel “Tavi” Celis, se presentara espontáneamente a declarar y desvinculara de la causa a Varisco, al concejal Pablo Hernandez y a la funcionaria de Seguridad Graciela Bordeira, éstos últimos procesados y detenidos por el caso.
La investigación se inició el 28 de mayo de 2017 cuando fue detenido “Tavi” Celis, acusado de comandar una organización narco que aprovechaba sus contactos políticos y policiales para comercializar drogas en la zona.
En aquel momento, los investigadores sorprendieron a la banda cuando descargaba más de 317 kilos de marihuana de una avioneta en la localidad de Colonia Avellaneda, cercana a Paraná.
A comienzos de mayo último, en el marco del mismo expediente, la Justicia allanó la Municipalidad de Paraná, la Legislatura y domicilios vinculados al intendente, diligencias en las que se obtuvieron elementos que se sumaron a la causa y derivaron en los procesamientos, según fuentes consultadas.
Al momento de dictar el procesamiento del intendente, el juez Ríos sostuvo que
Varisco actuó como “financiador” de la banda de “Celis”, con la participación de Hernández y de Bordeira.
Para el magistrado, entre septiembre de 2017 y mayo de 2018, personas comandadas por Celis, junto a Varisco, Bordeira y Hernández, “comercializaron de manera conjunta y organizada cocaína en diversas cantidades, asumiendo y ejerciendo diversas funciones de organización, financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra” en Paraná y Concordia y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El juez interpretó que la cocaína era suministrada en Buenos Aires “por expresas indicaciones y/o solicitudes de Daniel Andrés Celis, quien al momento de los hechos se encontraba detenido en la Unidad Penal Nº 8 de la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos”.
Para el juez, Celis era “quien adquiría el estupefaciente, financiaba la actividad de comercialización con fondos provenientes del acuerdo celebrado los primeros días de septiembre de 2017” con el resto de los procesados vinculados a la función pública.
