La División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad llevó a cabó en el día de ayer un allanamiento a una distribuidora mayorista de productos de bazar y kiosco en el barrio de San Cristóbal, la cual se dedicaba de manera ilegal a la venta de medicamentos, mercadería para la cual no tenía habilitación para su comercialización.
Los oficiales de la ciudad ingresaron a tres domicilios. Los dos primeros en la calle Saavedra 1296 donde funcionaba la distribuidora y 1297 donde estaba su depósito, los cuales eran verdaderos bunkers de medicamentos ilegales. En el tercer domicilio ubicado en Cochabamba 2444 se encontró un galpón donde la misma firma tenía además de material de kiosco, alimentos vencidos y en pésimas condiciones de salubridad, pudiéndose observar a simple vista excrementos de roedores y cucarachas.
A la hora del recuento de la mercadería, la Policía de la Ciudad logró el secuestro en las direcciones de la calle Saavedra, de más de 25.000 medicamentos bajo receta, venta libre y receta archivada, muchos de ellos vencidos. Por su parte en el depósito de la calle Cochabamba, se encontró 1 tonelada y media de alimentos vencidos y material inflamable no apto para la venta.
Entre los medicamentos se pudieron encontrar miles de cajas, blisters y cápsulas de sildenafil, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, diclofenaco sódico, dipirona, omeprazol, trometamina ketorolaco, butilescopolamina, sulfatiazol y solución timerosal y fisiológica.
Por disposición la Unidad Fiscal Especializada en Medio Ambiente (UFEMA) a cargo del Dr. Matías Machienzi, se procedió a imputar en la causa a los dos propietarios del comercio por infracción a los artículos 77 del Código Contravencional (ejericio ilegítimo de una actividad) y 204, párrafo 5 del Código Penal (venta ilegitima de sustancias medicinales que requieran receta) y la clasura de los tres locales.
A su vez junto a personal de Migraciones, se identificó a cada uno de los empleados del negocio, algunos de ellos extranjeros.
En el lugar trabajaron en conjunto la ANMAT y la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, este último organismo decomisó la mercadería alimenticia vencida y procedió a su destrucción total. Por su parte los medicamentos fueron secuestrados y puestos a disposición para la investigación.
